Source: Rebelin
Adems de los impactos ambientales y de la desestructuracin de la vida de los campesinos, la construccin indiscriminada de represas involucra crmenes de desaparicin y muerte. Este aspecto ser resaltado en la audiencia pblica agendada para el prximo mircoles 10, que ser realizada en la ciudad de Ponta Nova, So Paulo, que enfrenta problemas con la construccin de la represa del ro Tiet. La audiencia tiene como propsito reclamar esclarecimientos sobre la desaparicin del trabajador rural Joo Caetano, ocurrida el 9 de febrero de 2003, durante el perodo de establecimiento de la represa Candonga. Las circunstancias de la desaparicin del agricultor permanecen desconocidas, sin que el consorcio responsable por la obra, compuesto por las empresas Vale do Rio Doce y Alumnios Canadenses (Alcan), prestase algn tipo de informacin. La construccin de la represa de Candonga en Minas Gerais provoc la inundacin de la villa de So Sebastio do Soberbo, teniendo como resultado la expulsin de 150 familias. Segn el Movimiento de los Damnificados por Represas (MAB), la audiencia va a “recolocar la cuestin, llamando la atencin de las autoridades sobre las violaciones a los derechos humanos en Candonga y otras represas”.
Damnificados por represas realizan un da de ocupaciones en el pas
Cerca de 250 trabajadores, entre agricultores y garimpeiros (buscadores de metales y piedras preciosas), ocuparon el mes pasado el patio de la Alcan Alumnios de Brasil en Ouro Preto, para que el grupo consiga reconocimiento de su condicin de damnificados por las represas de Fumaa y Candonga, esta ltima en asociacin con la empresa Vale do Rio Doce.
Segn el Movimiento de Damnificados por Represas (MAB), hasta el momento la direccin de la Alcan no se dirigi a los manifestantes, que van a permanecer acampados en el patio en tanto no exista dilogo. Solamente policas militares entraron en contacto con el grupo.
De acuerdo con los manifestantes, adems de expulsar a las familias de las localidades que habitaban para proceder a la inundacin y eliminar la actividad productiva que las sustentaba, la Alcan, con sede en Canad, no est cumpliendo sistemticamente los acuerdos con los moradores posibilitando las obras.
Por ejemplo, los damnificados de Fumaa reclaman que la Alcan dej de atender el compromiso de enviar recursos a la Asociacin para pagar al tcnico responsable por el nuevo asentamiento de las familias. Desde abril, hace siete meses, la empresa retuvo nuestros recursos, tuvimos que pedir dinero prestado para atender nuestra vida y el tcnico, que orienta nuestro reasentamiento est sin cobrar hasta hoy, afirma Marta Caetano de Esprito Santo, participante del MAB.
Los damnificados de Fumaa resaltan adems que Alcan tambin perjudica la readaptacin de las familias por no ejecutar la expropiacin de la Hacienda Dom Jos, otro punto tambin acordado entre los trabajadores y la direccin de la empresa. Problema similar enfrentan las familias damnificadas de Candonga, que perdieron los medios de subsistencia con el establecimiento de la represa, y ahora reivindican reconocimiento y tierra para plantaciones.
La situacin de los atingidos por el embalse de Candongas debe ser debatida en audiencia pblica marcada para maana en la ciudad de Ponto Nova, Minas Gerais. En la ocasin debe ser presentado el reporte sobre el impacto de la construccin de la represa en la regin, provocando el desalojo de innmeras personas. El documento ser repasado al Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adequada, y las organizaciones que lucham por la causa de los daminificados por represas en el pas deben denunciar el Brasil junto a la ONU por las violaciones a los derechos humanos involucradas en este caso.
Por acceso a energa elctrica
En Par, en el norte del pas, 900 personas provenientes de poblaciones perjudicadas por la represa de la hidroelctrica de Tucuru estn movilizados en frente de la Red Distribuidora Celpa, exigiendo el acceso a la energa elctrica prometida en compensacin al desalojo provocado por la represa alcanzando a los habitantes de islas, regiones ribereas, asentados y acampados y moradores urbanos en los municipios de Tucuru, Breu Branco, Novo Repartimento y Baio.
La Red Celpa, concesionaria de energa que sirve al estado de Par, inclusive ya recibi el monto de 286 millones de reales, como fondos sin retorno del Programa Luz para Todos, del gobierno federal para la instalacin de luz elctrica para 46 mil familias que an no tienen acceso. Hasta el momento, estos recursos no fueron invertidos en luz para las casas de comunidades pobres.
Los damnificados reivindican de la Red Celpa la electrificacin rural y urbana de 3.500 familias en la regin de las islas, 1.500 familias asentadas prximas a la carretera Transbomjesus, 10 mil familias asentadas prximas a las carreteras Transcamet y Ladrio, 5 mil familias moradoras del municipio de Tucuru. Tambin piden la disminucin de la tarifa de energa, considerada muy cara, a punto tal que la poblacin no tiene condiciones de pagarla. Del gobierno federal, los manifestantes piden la regularizacin de las tierras donde fueron asentados, como las islas surgidas con la represa.
La situacin de la represa de Barra Grande, en el sur del pas, cuyo proyecto contaba con un laudo ambiental fraudulento, lleg al arbitrio del gobierno federal. Despus de que agricultores acamparon en el rea destinada a inundacin para evitar la obra, la cuestin fue finalmente sometida a negociacin en la tarde de hoy en Brasilia, reuniendo en audiencia a representantes del MAB, Casa Civil, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Minas y Energa y directores del consorcio Baesa, responsable por la represa.
