El informe se centra
en la “financiarización de la vivienda” y sus repercusiones en los derechos
humanos. En él se examinan los cambios estructurales que se han producido en
los últimos años y que han dado lugar a que una enorme cantidad de capital
mundial se haya invertido en la vivienda considerada como una mercancía, como
garantía de los instrumentos financieros que se comercializan en los mercados
mundiales y como medio de acumulación de riqueza. En el informe se evalúa el
efecto de esos cambios históricos en el disfrute del derecho a una vivienda
adecuada y se señala un marco apropiado de derechos humanos para que los
Estados los aborden. También se examina la función de la legislación nacional e
internacional en esa esfera y la aplicación de los principios relativos a las
empresas y los derechos humanos.
El informe concluye con un examen de las
respuestas de política de los Estados a la financiarización de la vivienda y
con la formulación de algunas recomendaciones para que se adopten estrategias
más coherentes y eficaces a fin de asegurar que las medidas de las
instituciones y los agentes financieros mundiales sean compatibles con el acceso
a la vivienda para todos de aquí a 2030. La Relatora Especial sugiere que el
camino a seguir consiste en que los Estados redefinan su relación con los
inversores privados y las instituciones financieras internacionales y reformen
la gobernanza de los mercados financieros, de manera que, en lugar de considerar la vivienda como
una mercancía valiosa fundamentalmente como activo para la acumulación de
riqueza, se reivindique la vivienda como un bien social y se garantice así el
derecho humano a un lugar para vivir en condiciones de seguridad y dignidad.
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