Solidaridad con las organizaciones de derechos humanos palestinas frente a la criminalización de Israel

La Coalición Internacional del Hábitat (HIC) condena profundamente la designación infundada y escandalosa por parte del Ministro de Defensa de Israel de seis organizaciones de la sociedad civil (OSC) palestinas como “organizaciones terroristas” el 19 de octubre de 2021, en virtud de la Ley Antiterrorista nacional de Israel (2016). Las organizaciones designadas –Asociación de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos Addameer (Addameer Prisoner Support and Human Rights Association), Al-Haq: El derecho al servicio del hombre (Al-Haq: Law in the Service of Man), Centro Bisan de Investigación y Desarrollo (Bisan Center for Research and Development), Defensa de los Niños Internacional-Palestina (DCI-P) (Defense for Children International-Palestine – DCI-P), Unión de Comités de Empresa Agrícolas (UAWC) (Union of Agricultural Work Committees – UAWC) y Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC) (Union of Palestinian Women’s Committees – UPWC)– incluyen a Miembros, socios, colegas y amigos-as de HIC y sus miembros en todo el mundo.

Estas organizaciones se encuentran entre las entidades más respetadas y comprometidas que trabajan en la Palestina ocupada, y son reconocidas internacionalmente por su labor de documentación y seguimiento de los derechos humanos, de análisis y defensa, por sus esfuerzos para que las autoridades israelíes rindan cuentas de sus crímenes ante la Corte Penal Internacional, y por la asistencia social y jurídica que prestan a los presos políticos; a los agricultores-as que se enfrentan al robo de tierras y recursos naturales palestinos, y a la destrucción de árboles y cultivos; y a los-as niños-as y mujeres palestinos desproporcionadamente afectados por las violaciones y los crímenes cometidos con impunidad por las instituciones, el ejército y los colonos israelíes. La valiosa contribución de estas organizaciones palestinas a la justicia, los derechos humanos y el respeto del derecho internacional en Palestina es precisamente lo que las ha convertido en objetivo de las autoridades israelíes.

El 3 de noviembre de 2021, el comandante militar israelí emitió una orden militar que prohíbe las organizaciones en la Cisjordania ocupada, transponiendo la anterior designación ilegal de las seis organizaciones como “organizaciones terroristas”. La orden militar que anuncia esta atroz designación, ilegaliza efectivamente a las OSC, prohibiendo la financiación y las muestras públicas de apoyo a las actividades de las organizaciones. También pone al personal de las OSC, incluidos los-as defensores-as de los derechos humanos, los-as abogados-as investigadores-as y los-as trabajadores-as sociales, en peligro inminente de sufrir una vigilancia digital invasiva, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, en los que la práctica de la tortura por parte de Israel es rutinaria, mientras que los bienes de las organizaciones están amenazados de ser confiscados y sus oficinas de ser allanadas y cerradas. Esta acción de la potencia ocupante ilegal ha suscitado un fuerte reproche de numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de varios relatores-as especiales y expertos en derechos humanos de la ONU, así como de los Estados afectados.

Aunque los ataques contra estas seis respetadas OSC son una escalada impactante, siguen un patrón de décadas de supresión de la sociedad civil palestina y de los-as defensores-as de los derechos humanos. Según la experiencia de HIC, este trato por parte de las autoridades israelíes se remonta a un abuso similar contra las OSC palestinas dentro de la Línea Verde desde finales de la década de 1980, cuando alzaron sus voces a nivel internacional sobre el sistema de discriminación material institucionalizado de Israel contra el pueblo palestino en su conjunto.

En los últimos años, las autoridades israelíes han diseñado y puesto en práctica una campaña institucionalizada de desinformación contra las OSC y los-as defensores de los derechos humanos palestinos, que incluye difamación, ataques a la financiación, incitación al odio racial y discursos de odio. Además, han allanado repetidamente las oficinas de estas y otras organizaciones y han acosado al personal, incluso mediante detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajar, revocaciones de residencia y amenazas de muerte, en un intento de deslegitimarlas, silenciarlas y desfinanciarlas. Y lo que es más importante, estos ataques son consecuencia de la persistente falta de voluntad de los gobiernos y de los agentes del sector privado para exigir responsabilidades a Israel y aplicar las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos internacionales, del derecho humanitario y de las normas imperativas. En particular, este patrón de ataque viola la prohibición de “perseguir a organizaciones y personas, privándolas de sus derechos y libertades fundamentales, porque se oponen al apartheid” (Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, artículo II (f)).

HIC hace un llamamiento a Israel para que anule la difamación de estas seis OSC y repare las consecuencias materiales que se deriven. HIC hace además un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a los gobiernos de Estados Unidos, la UE, el Reino Unido, Canadá y Australia, para que denuncien claramente este ataque por parte de Israel con el fin de poner fin a esta represión de la sociedad civil, para que respeten sus obligaciones extraterritoriales y se abstengan de reconocer y cooperar con la situación ilegal en Palestina hasta que Israel ponga fin a su ocupación beligerante y garantice el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino.

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