El Comité DESC
(Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas condenó a España
en julio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda al no garantizar el
acceso a una vivienda alternativa a una familia que, con dos hijos menores de
edad, había sido desahuciada; y le obligó a presentar una serie de
medidas para implementar las recomendaciones del dictamen. Sin embargo, la respuesta
dada por parte de las autoridades españolas a esta condena y a las
recomendaciones de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la
obligación de ofrecer unareparación efectiva a las víctimas,
asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones
internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir
violaciones similares en el futuro, ha sido absolutamente insuficiente.
Así lo denuncian hoy las organizaciones firmantes, que insisten en que
actualmente España se encuentra en una crisis del derecho a la vivienda que
está afectando a cientos de miles de personas.
España estrena así,
paradójicamente, membresía en el Consejo de Derechos Humanos para el
periodo 2018-20, ignorando su obligación de responder de manera adecuada al
Comité sobre cómo iba a otorgar a las víctimas una compensación económica por
las violaciones sufridas, además de cómo iba a reembolsarles los costes legales
razonablemente incurridos en la tramitación de esta comunicación.
Con respecto al
caso del dictamen del Comité, la única respuesta que ha dado el Estado español
ha sido la de informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de
la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan
presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda
pública protegida. Sin embargo, la familia afectada, que tras el
desalojo se vio obligada a vivir en un coche durante unos diez días, por falta
de recursos y que actualmente habita ya en una vivienda adjudicada por el
Ayuntamiento de Madrid, asegura que ninguna autoridad del Estado se ha puesto
en contacto con ellos, ni siquiera para mostrar una disculpa.
Para las
organizaciones firmantes la respuesta del Estado español al dictamen de
Naciones Unidas es insuficiente, como también es alarmante el hecho
de que no incluya, en el escrito enviado al Comité, cómo va a
establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este
tipo en el futuro. Además, España desoye completamente las recomendaciones
del Comité en materia de vivienda y tampoco ofrece una sola medida
concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a
documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al
dictamen.
Las entidades, que
muestran una vez más su preocupación por la falta de cumplimiento del
Estado español de sus obligaciones con respecto al derecho a la vivienda,
exigen:
·
Un incremento
presupuestario orientado a
aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el
fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este
incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando
cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido
desde 2009 el presupuesto de vivienda en más de un 70%.
·
Reformas de las
leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la
vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue
a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los
desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ya exige.
·
La adopción
de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios
sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento
adecuado alternativo.
·
La reforma de
la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de
las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la
vivienda.
Más información
España tenía que
presentar, en el plazo de seis meses desde que el Comité
DESC emitió su dictamen en julio de 2017, una respuesta por escrito
que incluyera información sobre las medidas tomadas tras el dictamen y las
recomendaciones del Comité.
Las organizaciones
firmantes de este comunicado, Amnistía Internacional, Arquitectura Sin
Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación
Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar –
FEANTSA- (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones
Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española,
Observatori DESC (ODESC), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y
Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad
civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen.
