Unos 280 asentamientos rurales sin posibilidad de regularización
Analizan el realojo de familias en casas recicladas en las ciudades
EDUARDO BARRENECHE
Doscientos ochenta asentamientos, que representan el 40% de las 696 ocupaciones ilegales existentes en el país, no podrán ser regularizados porque se encuentran en área rural, carecen de servicios de saneamiento y de locomoción.
“Es que construir saneamiento en un área rural sale una fortuna”, explicó a El País la coordinadora del programa de regularización de asentamientos irregulares (PIAI) de Presidencia de la República, Susana Pereyra. Sin embargo, las medidas alternativas para solucionar este problema pasarían por realojos de esas familias o mediante la compra de casas antiguas para reciclar en la capital y algunas ciudades de Canelones, dijo Pereyra.
Según la jerarca, “se trabaja en una misma línea que la Intendencia de Montevideo que piensa aplicar soluciones similares” para integrar en barrios centrales a personas radicadas en predios irregulares de la periferia capitalina.
En el segundo semestre de 2008, el Programa de Asentamientos recibirá un préstamo de U$S 225 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para regularizar asentamientos ubicados en Montevideo y Canelones. El 80% de las ocupaciones del país se encuentran en estas zonas.
Con los recursos provenientes del organismo crediticio internacional, el PIAI impulsará el “Nuevo Programa” de regularización y pondrá fin al denominado “PIAI 1”.
Según Pereyra, la diferencia entre un plan y otro es que antes sólo se apuntaba a mejorar la calidad de vida de las ocupaciones irregulares. “La realidad nos mostró que los barrios del entorno de los asentamientos estaban tan deprimidos como estos”, dijo.
Los técnicos del PIAI constataron que los habitantes de esas áreas cercanas a las ocupaciones irregulares pagaban con esfuerzo los servicios estatales (agua y luz), pero no contaban con recursos para mantener sus viviendas.
“Ahora tomamos toda la zona en forma integral. Si dentro de esa área hay tres asentamientos, tratamos de mejorar todo el conjunto”, explicó Pereyra. Por ejemplo, en caso de que el PIAI realice un inversión en saneamiento en un barrio y las casas no están en condiciones para conectarse a la red, los técnicos recurren al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
“Si los ocupantes son beneficiarios del Plan de Emergencias tienen derecho a una canasta de materiales para realizar las mejoras en sus viviendas”, señaló Pereyra.
La funcionaria aclaró que el PIAI no es un programa de viviendas, sino que procura mejorar los barrios y otorgarle seguridad jurídica a sus moradores al regularizar los predios donde viven.
Además de recibir los servicios estatales (alumbrado, vialidad, salud y saneamiento), al finalizar el proyecto los propietarios reciben los títulos de propiedad de sus fincas.
El programa construye viviendas sólo para realojar familias que residen en predios por donde va a pasar una calle o donde se construirá un centro para la infancia y la familia, entre otras situaciones.
BENEFICIOS. Desde 2006, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realiza un relevamiento para el PIAI con la finalidad de definir la constitución socioeconómica de todos los asentamientos del país.
Ese estudio permitirá al programa de Presidencia de la República determinar cuáles serán los asentamientos que deberán ser regularizados en forma prioritaria, dijo Pereyra.
La jerarca gubernamental advirtió que ya fueron identificadas y localizadas todas las ocupaciones ilegales con más de 10 familias.
Señaló que el relevamiento del Instituto de Estadísticas permitirá que el PIAI conozca la inserción de los asentamientos en la trama urbana; las características de su suelo (puede haber contaminación con plomo); su acceso a servicios públicos y las características del proceso de ocupación.
ILEGAL. Las formas de apropiarse del terreno es una clave del problema de los asentamientos. “Tenemos 15 años para regularizar el 60% de los asentamientos existentes. Pero también hay que pensar en la prevención, porque si este fenómeno sigue creciendo, es un problema de nunca acabar”, reconoció Pereyra.
El último alerta surgió días atrás en la Junta Departamental cuando vecinos del área rural de Montevideo denunciaron la existencia de grupos organizados que loteaban en forma ilegal terrenos privados y municipales y los vendían en las ferias.
La mayoría de los predios privados tenían problemas legales -por ejemplo, no se tramitaron las sucesiones- y deudas voluminosas de contribución inmobiliaria. Para evitar estas maniobras, técnicos de la Unidad Montevideo Rural de la IMM se contactan en forma periódica con vecinos de predios en situación de riesgo.
La jerarca gubernamental reconoció que esta figura delictiva es “una realidad que está presente” y agregó que en Montevideo y Canelones el ministerio de Vivienda impulsa políticas preventivas para evitar este tipo de problemas.
En el “Nuevo Programa” del PIAI habrá un “mayor protagonismo” de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), agregó Pereyra. Esta repartición estatal desarrollará acciones que facilitarán la obtención de viviendas para familias de escasos recursos que son proclives a terminar en un predio irregular.
Además, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) capacitará a técnicos de los gobiernos departamentales para que elaboren planes de desarrollo territorial en sus departamentos.
“Las intendencias también cumplen funciones de policía territorial”, explicó Pereyra.
El PIAI cuenta con una base de datos donde se encuentran todas las personas que recibieron beneficios del plan. Allí también constan los nombres de las familias que viven en todos los asentamientos del país y si obtuvieron o no subsidios de un programa de vivienda.
Según Pereyra, ese registro detecta si hubo familias que estaban en un asentamiento regularizado y que luego fueron inscriptas en otro predio irregular ubicado en otra zona. “Este sistema es fundamental para evitar ventas de terrenos ilegales”, agregó. A partir de 2008, el “Nuevo Programa” del PIAI destinará U$S 9 millones para prevenir nuevos asentamientos.
Las cifras
80% Es el porcentaje de los asentamientos existentes en el país que se encuentran en los departamentos de Montevideo y Canelones.
U$S 9: Es la cantidad en millones que invertirá el PIAI en los próximos años para la prevención de nuevas ocupaciones.
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