Esto evidencia que la actual “política nacional de vivienda ” tiene sería debilidades y tiene que ser revisada y ajustada en razón de la realidad de las mayorías poblacionales en pobreza urbana, así como la ponderación del Gobierno, sobre lo prioritario a atender y promover su atención.
La vivienda es un derecho humano, que no este claramente reconocido en nuestra Carta Constitucional, no quiere decir que como seres humanos lo hemos perdido; la vida digna de todos en la ciudad es garantía de gobernabilidad y desarrollo.
Mundialmente está reconocido y hasta por sus propios creadores, que el “Mercado”, el manejo privado del hábitat, de la vivienda en la ciudad, no garantiza su acceso a todos a una vivienda digna, a una vida digna, con calidad. El Estado, su Gobierno tienen la responsabilidad de garantizar este derecho, con acciones estratégicas y creativas, como la promoción de la movilización de recursos, alianzas de cooperación y fijando una clara política subsidiaría a la PRODUCCIÓN SOCIAL de la VIVIENDA, al accionar del habitante promotor de su vivienda, autogestionario de su hábitat, que con una asesoría técnica adecuada y recursos materiales brindados de manera directa, logrará un hábitat digno que le permitirá trabajar, producir y vivir con dignidad.
Silvia de los Ríos B. – CIDAP
ENTRE ESCOMBROS. Así viven las familias que han decidido volver a sus casas destruidas. El peligro es constante.
Miércoles, 30 de noviembre de 2005
Familias de El Agustino regresan a las casas afectadas por socavones
Se resisten a abandonar predios a pesar de los serios riesgos de derrumbe.
El estómago del cerro 9 de Diciembre, en el Agustino, suena igual que ese 23 junio del 2003, minutos antes de que una decena de casas fueran tragadas por las galerías subterráneas que el cerro esconde desde quién sabe cuando. Dos años después, algunas familias han regresado a sus casas rajadas desde los cimientos creyendo tal vez que estas no se caerán. Nada más temerario.
El derrumbe del 2003 destruyó por completo cinco casas, dañó 60 y puso en riesgo otras 70. Además, con las capas de tierra abierta amenazando devorarse más viviendas, Defensa Civil del distrito ordenó en ese momento el retiro de al menos 140 familias. Sin embargo, solo lo hicieron 70, precisamente aquellas cuyas casas habían quedado seriamente afectadas. A estas familias, el Ministerio de Vivienda, en coordinación con el concejo distrital, les proporcionó pequeños módulos de vivienda (de madera) a la espalda del cuartel La Pólvora, en la zona conocida como antiguo fundo Infiernillo. Este asentamiento ha sido reconocido como Villa Solidaridad El Edén. Las demás familias no abandonaron las casas, a pesar de que los ingenieros han advertido que en cualquier momento podría ocurrir otro desmoronamiento similar.
El peligro es constante. Ahora también están en riesgo las personas que están volviendo a sus casas agrietadas (por ahora cuatro familias), con paredes a punto de caer.
Una de esas vecinas, Rosa Díaz, se ha instalado en esa casa del pasaje Olaya que ocupó su suegra hasta el día del derrumbe. Llegó hace apenas dos meses. No tiene agua ni luz porque esa zona, después de los derrumbes, no existe para las empresas de servicios. Ella, su esposo y sus siete hijos tienen que superar diariamente esas carencias. Saben que están en peligro pero no quieren irse.
Casas para titulares
“¿A dónde nos vamos a ir?”, se pregunta doña Rosa, recordando que hay días en los que escucha unos ruidos que provienen debajo de la tierra. “Es como si se desprendieran pedazos de piedras”.
Los módulos de vivienda que se entregaron en La Pólvora eran solo para los titulares de las viviendas afectadas. Y ahí aparece otro tema. En algunas casas vivían hasta cuatro familias. No todas, recibieron un espacio en el cuartel.
Los funcionarios de la municipalidad sostienen que han hecho todos los esfuerzos por convencer a las familias que se retiren de la zona pero estas se rehúsan. “En muchas de las casas había una inversión de más de 30 mil dólares, era el ahorro de toda la vida de esta gente”, dicen los funcionarios.
Además, del asentamiento humano 9 de octubre, hay otros cerros como Santa Mary cuyas casas corren también el peligro de venirse abajo. Han recomendado que se vayan, pero no hay programa para la reubicación
Complejo habitacional en cuartel La Pólvora
Los daños ocasionados por el derrumbe en el cerro 9 de octubre dejaron aproximadamente 500 mil dólares en pérdidas. Las familias perdieron no solo sus casas sino también la totalidad de cosas que tenían dentro.
Es por eso, que luego de varias conversaciones, el año pasado el entonces ministro de Vivienda, Carlos Bruce, anunció que en una parte del cuartel La Pólvora (terreno que pertenece a las Fuerzas Armadas) se construirían tres mil viviendas con una inversión de US$80 millones. Una parte de ella iría exclusivamente a los afectados. El convenio fue firmado entre las municipalidades de Lima y El Agustino y el Ministerio de Defensa.
En esa ocasión dijeron que los damnificados podrían adquirir con solo US$400 una vivienda en un complejo multifamiliar que será habilitado en unos 18 meses. En diciembre se vence el plazo y, sin embargo, hasta el momento este anuncio no se concreta.
En la municipalidad del distrito informaron que están avanzando con el diálogo entre las instituciones involucradas para terminar cuanto antes el proyecto.
Nelly Luna Amancio
Lamas requiere ayuda para la reconstrucción
CASI EN EL OLVIDO. Las personas afectadas aún esperan una respuesta de las autoridades.
Población damnificada por terremoto de setiembre aún vive en refugios temporales.
Gobierno regional solicita presupuesto adicional de 40 millones de soles para recuperación.
Han pasado más de dos meses desde el terremoto de 7 grados que dejó en escombros por lo menos 500 viviendas en la región San Martín y, hasta ahora, la reconstrucción está pendiente.
La ciudad más afectada por aquel sismo fue Lamas, una de las ciudades más antiguas del Perú, donde casi dos mil personas tuvieron que instalarse en refugios temporales que la mayoría aún ocupa hasta el día de hoy.
Al día siguiente del sismo, el presidente Alejandro Toledo aseguró que “el proceso de reconstrucción se haría lo más rápido posible” y para ello comprometió al Ministerio de Vivienda y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ha pasado el tiempo y la población sigue esperando que se concreten los ofrecimientos del Gobierno y de las autoridades locales para recuperar la ciudad.
EN ESPERA. El presidente regional Julio Cárdenas señala que ha solicitado al Gobierno un presupuesto adicional de 40 millones de soles para los trabajos de reconstrucción. “En octubre entregamos el estudio técnico al Consejo de Ministros, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta”, precisó.
Cárdenas agregó que decenas de familias fueron trasladadas a Tarapoto, donde se instalaron albergues, pero que otras continúan viviendo en la parroquia de Lamas. “Es necesario reconstruir las viviendas, pero también se requiere demoler las casas que quedaron inhabitables”, precisó.
Por su parte, Juan Luis Podestá, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, señaló a Perú.21 que muchas fichas del estudio técnico que entregó el gobierno regional no han sido presentadas de manera adecuada y que se ha pedido una reformulación, la cual aún no se ha realizado.
Precisó que la Municipalidad de Lamas ha conseguido terrenos para reubicar a los damnificados y que el Banco de Materiales deberá entregar los módulos de vivienda, pero que este proceso tardará varios meses.
Cifras
- 20 millones de soles se requiere para reconstruir los colegios que han colapsado.
- 1 millón y medio destinará la comisión multisectorial del Gobierno para la rehabilitación.
- 800 módulos de vivienda ha solicitado la Municipalidad de Lamas al Banco de Materiales.
