volvió a actuar la empresa “Desokupa”, en el barrio de Sant Antoni,
Barcelona. Desde el Observatorio DESC queremos expresar nuestra preocupación y
el más firme rechazo de estas prácticas que nos conducen hacia las violencias
privadas. Las constantes vulneraciones del derecho a la vivienda, que se
multiplicaron después del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis
hipotecaria, se intensifican ahora con la subida incesante de los precios del
alquiler, que está provocando una gentrificación de cada vez más barrios de la
ciudad, e incluso más allá de Barcelona. La presión del turismo masivo, la
inversión extranjera y la especulación hacen que un bien básico para nuestra
existencia, la vivienda, se esté convirtiendo en un negocio, un privilegio.
“Desokupa”, empresa que
supuestamente se encarga de tareas de mediación entrepropietarios e
inquilinos, ya ha sido denunciada por sus prácticas que podrían ser
consideradas como delictivas, ya que implicarían el uso de la fuerza y amenazas,
abiertamente fuera de los límites de las vías legalmente previstas. La
organización vecinal ha conseguido parar algunas de estas actuaciones. El
Observatorio DESC ha impulsado una querella criminal contra la empresa,
incluyendo a quien había contratado sus servicios, Norvet Negotial SL,
querella admitida a trámite a instancia de la Audiencia Provincial en sede
de recurso de apelación. Sin embargo, nos encontramos con que este ejercicio de
lasvías judiciales previstas se enfrenta ahora a la decisión del Juzgado
de Instrucción nº 31 de exigir una fianza de 10.000 euros para poder
continuar con el procedimiento penal.Nos parece que esta decisión resulta
desproporcionada y que limita el derecho de acceso a lajusticia, al mismo
tiempo que, en caso de mantenerse, impide que los poderespúblicos asuman
la responsabilidad de velar por los derechos y los intereses
colectivos,compromiso imprescindible para hacer frente a la emergencia
social en que nos encontramos.
tratados internacionales con respecto a los derechos fundamentales y en base a
la legislación estatal y catalana sobre la protección del derecho a la
vivienda, todas la sadministraciones públicas tienen que garantizar el
derecho a una vivienda digna y adecuada a toda la población. Esto implica
actuar para proveer vivienda a quien lo necesite y evitar los desahucios o
la pérdida de la vivienda habitual. Y como no podría ser de otra manera,
hay que actuar de forma prioritaria, firme y eficaz contra el acoso y la
violencia inmobiliaria; protegiendo la población en situación de exclusión
residencial.
Fotografía: La Directa
