La
crisis habitacional. Los residentes de la villa 20, lindera con el predio donde
se levantaba la villa Papa Francisco,
en Lugano, donde desalojaron a 700
familias el 23 de agosto pasado. Foto: Daniel Jayo
Vista desde
la calle, la casa de Salguero 989 es una casa más. Puerta bien alta de dos
hojas en el centro, una persiana metálica a cada lado. Pero lo primero que se
ve al entrar en este caserón de Almagro es un policía de consigna. Está sentado
en un hall en penumbras, al pie de una escalera que lleva al primer piso. Desde
el fondo, un perro ladra sin parar a los recién llegados. Está tan alterado,
como el ánimo de las 21 familias, unas 80 personas que se apretujan en una
veintena de habitaciones. Podría pensarse que están en el peor de los mundos.
Pero les falta caer un escalón más: el martes 16, a las 8 de la mañana, la
policía va a desalojar el lugar, en una causa penal por usurpación.
En la casa,
no hay valijas armadas ni clima de mudanza. Las familias saben que el lugar no
les pertenece, pero esperan que la Justicia postergue el desalojo, por
cuestiones humanitarias. La mayoría no tiene a dónde ir. Como Janina Haro, una
peruana de 31 años, que llegó a la Argentina en 2009 y vive hace un año en un
cuarto de 10 metros cuadrados, junto con su esposo y sus cuatros hijos.
“Lo
pagamos 10.000 pesos. Entramos en el juego, nos estafaron”, cuenta,
resignada, en el patio central. Una decena de chicos revolotean bajo tres sogas
con ropa que se seca al último sol de la tarde. “En los hoteles no nos
aceptan con hijos. Los chicos no pueden estar en la calle en Nochebuena”,
dice, casi en un ruego.
Uno de cada cuatro habitantes de
la Argentina, a los que no se les respeta el derecho constitucional de una
vivienda adecuada. Es un estado de emergencia que resiste y se afianza, pese a
la política pública del gobierno kirchnerista, el que más invirtió en vivienda
en las últimas décadas.
Es una crisis
que año tras año estalla en episodios de violencia y muerte, como los del parque Indoamericano, en 2010; Libertador San Martín
(Jujuy), en 2011, y la villa Papa Francisco, en agosto
pasado. Es un tema ausente en la agenda de campaña de los principales
candidatos.
Para entender
la complejidad del problema se pueden contrastar dos conjuntos de cifras. Lo
hecho por el gobierno nacional y la variación estadística registrada entre los
últimos dos censos. Entre junio de 2003 y julio de 2014, se concretaron 881.685
soluciones habitacionales, en beneficio de más de 4 millones de personas.
El número
incluye 449.837 viviendas nuevas y 431.848 refacciones y ampliaciones. Es la
misma cantidad que la realizada en los 25 años anteriores, según cifras del
Consejo Nacional de Vivienda. Eso sin contar el Procrear, el plan lanzado en
2012 por la Anses, que otorgó créditos a tasa subsidiada con los que se comenzó
la construcción de 140.000 casas en todo el país, 62.000 ya terminadas.
Como resultado de esas políticas
(y de la construcción privada) se redujo la cantidad de viviendas precarias (de
6,2 a 4,3%) y el hacinamiento en los hogares (de 4,8 a 4%). Pero entre 2001 y
2010, el déficit habitacional disminuyó menos de 5 puntos porcentuales, se
mantiene por encima del 25% y afecta a 3 millones de hogares. Esto incluye a
los que habitan en una vivienda precaria y a los que comparten la casa con otro
hogar (o unidad familiar). Sólo un tercio del déficit requiere de nuevas
viviendas; el resto se soluciona con refacciones.
En el mismo
período, los propietarios bajaron del 70,6 al 67,7% y los inquilinos subieron
del 11 al 16% de los hogares, con cifras del 25 al 30% en grandes ciudades.
Además, según un estudio de 2013 de la ONG Techo, hay 1834
villas en el área metropolitana, el interior de la provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta, en las
que viven 532.800 familias. La mitad de los asentamientos se radicó en los
últimos 25 años; un cuarto, durante la última década.
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