HIC en Solidaridad con la Petición de sus miembros de Kenia sobre la Propuesta de Impuesto a la Vivienda en el Proyecto de Ley de Finanzas, 2023

La Coalición Internacional del Hábitat (HIC) se solidariza con sus Miembros en Kenia pidiendo una petición sobre las siguientes acciones y recomendaciones relacionadas con la propuesta de impuesto a la vivienda.

Ciudadanos-as kenianos-as y, en gran medida, las poblaciones vulnerables, diversos movimientos sociales y miembros preocupados de la sociedad civil que defienden los derechos socioeconómicos se unen para plantear alternativas a algunas de las disposiciones propuestas en el Proyecto de Ley de Finanzas, 2023 presentado por el presidente de Kenia, William Ruto. El artículo 118 (1) (b) de la Constitución de Kenia obliga al Parlamento a: 

1. Facilitar la participación e implicación del público en los asuntos legislativos y de otro tipo del Parlamento y sus comités, teniendo en cuenta que el artículo 127 (3) del Reglamento de la Asamblea Nacional exige que los comités de la Cámara que examinen proyectos de ley faciliten la participación del público. Para lograr una participación adecuada con vistas a la promulgación del proyecto de ley de finanzas de 2023, el Comité de Finanzas y Planificación Nacional ha emprendido la presentación oral pública antes de la lectura final del proyecto de ley de finanzas de 2023. 
2. Tomamos nota de que el tono y la opinión de la mayoría de los peticionarios que han presentado peticiones a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de finanzas propuesto es que se está utilizando como una herramienta de opresión para sobrecargar a los kenianos a través de impuestos facilitados y orquestados por los socios multilaterales que son los favoritos de este régimen.
3. Que la fiscalidad de la vivienda propuesta, bautizada por el gobierno como impuesto de vivienda alberga las siguientes contradicciones a primera vista:
   1. Carece de mecanismos de aplicación o regulación, lo que apunta a un abuso de los recursos públicos. La realidad es la propuesta en el Proyecto de Ley de Finanzas para que este apartado entre en vigor el 1 de julio de 2023. Los responsables políticos han tratado con desdén la indispensable consulta al público sobre las normas y reglamentos.
   2. El proyecto de ley también pretende que el impuesto sea obligatorio para cualquier persona que compre una casa, sin tener en cuenta el hecho de que algunas personas ya tienen casas y/o una hipoteca de servicio. Se trata de otra alerta roja sobre cómo se han utilizado los impuestos y esos supuestos fondos para malversar recursos públicos con el apoyo de organismos multilaterales.
   3. Estas retenciones salariales y cotizaciones empresariales obligatorias llegan en un mal momento de la economía, mientras los kenianos luchan por cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, estas retenciones sólo harán más difícil la supervivencia, empujando a la mayoría de la población a la miseria, anulando el propósito mismo de un proyecto de recuperación económica y social.
   4. Mientras la narrativa del gobierno se ha centrado más en la necesidad de vivienda asequible como un pretexto para el nuevo impuesto, los ciudadanos se preguntan qué lugar ocupa la vivienda social en los planes nacionales. El proyecto de ley no crea vías para la mayoría de los que trabajan en la economía informal y necesitan desesperadamente una vivienda adecuada.
   5. Otra señal de alarma es que la limitación de las contribuciones totales a 5.000 KES al mes es una paradoja. Incluso si nos pusiéramos de acuerdo sobre el impuesto obligatorio propuesto para crear un fondo de vivienda, se contradiría a sí mismo: A este ritmo, un individuo tardaría 50 años en concluir el pago al fondo de vivienda para poder beneficiarse. Esto es atar a la mayoría de los kenianos a pagar deudas a perpetuidad.

Los contribuyentes ya están sobrecargados, y el proyecto de ley de finanzas, tal y como está concebido, es un claro indicio de cómo los socios multilaterales están coaccionando a los kenianos a través de sus dirigentes políticos para que devuelvan la deuda de unos préstamos que el pueblo soberano ha rechazado explícitamente hace mucho tiempo.

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