El pasado
viernes 29 de abril, el gobierno del PP anunció que interpone un recurso con suspensión
cautelar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 24/2015. El recurso impugna y pide la
suspensión de los artículos relativos al mecanismo de segunda oportunidad (2, 3
y 4), del artículo que regula el alquiler social obligatorio por parte de los
grandes propietarios (5) y la cesión obligatoria de pisos vacíos a la
Administración (artículo 7), así como las sanciones por la no aplicación de la
ley y la cesión de créditos litigiosos (DT 2ª, DF 3ª, DA). Continúan vigentes
los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad de la Administración a
un realojo adecuado y las ayudas al pago del alquiler en casos de pequeños
tenedores de vivienda para evitar los desahucios. La presión en la calle ha
conseguido salvar todas las medidas que hacen referencia a la pobreza
energética (artículo 6).
Este recurso
llega de un gobierno en funciones que, haciendo caso omiso del amplio apoyo
popular con que cuenta la Ley, y movido por el pánico al precedente que sienta,
que amenazaba en extenderse a otras comunidades, ha preferido responder a los
intereses de la banca que le pedía eliminarla. Porque es una ley que funciona,
y las entidades financieras han tenido que coresponsabilizarse de las
situaciones de miles de familias que estaban en riesgo de perder su vivienda. El
Gobierno y las entidades financieras no querían mantener mecanismos que daban
cumplimiento al artículo 47 de la Constitución , que recoge la vivienda como un
derecho. Sin embargo, no hay ninguna alternativa por parte del PP: las medidas
de la última legislatura -cuestionadas constantemente incluso desde los
tribunales europeos- no han cambiado la realidad de la emergencia habitacional.
Hemos tenido que ser la ciudadanía organizada quienes propusiéramos un texto,
después de recoger 145.000 firmas y apoyos y adhesiones, y que se aprobara por
unanimidad y se convirtiera en la única Ley que tiene por objetivo revertir la
emergencia habitacional en todo el Estado. Y también ha sido desde la calle
desde donde se ha defendido esta gran conquista con una respuesta ejemplar en
forma de protestas en todo el Estado.
Dos días
después de que el PP consumara este golpe de estado del PP y de la Banca y
burla gravísima a la democracia por parte de un gobierno en funciones en su
último minuto, la respuesta de quienes hemos impulsado y apoyado esta Ley no se
hará esperar.
El día antes de la cumbre donde la Generalitat ha convocado a los actores
implicados para responder al recurso, presentamos la hoja de ruta inicial para evitar un retroceso en
los derechos que la Ley 24/2015 protege. Esta hoja de ruta recoge las acciones
que las instituciones y administraciones deben aplicar de forma coordinada y
con un criterio de urgencia y de prioridad para asegurar este objetivo.
A la
Generalitat y a los Ayuntamientos:
·
Hacer cumplir con contundencia la parte de pobreza
energética, porque no ha sido impugnada y porque prácticamente no ha sido
aplicada, haciendo efectivos ya convenios y sanciones.
·
Activar inmediatamente nuevos instrumentos y acciones
urgentes que ofrezcan la cobertura que daban los artículos impugnados.
·
Nuevos instrumento legislativos como respuesta a la
impugnación de los artículos 2, 3, 4, 5 y 7.
·
Abordar prioritariamente el pico de desahucios derivados
del recurso movilizando de forma inmediata 16.000 viviendas al año y
penalizando el parque de viviendas vacíos de los bancos con la Ley 18/2007, así
como reforzando líneas de ayudas al pago del alquiler, cubriendo el vacío
temporal y haciendo efectivo el derecho al realojo.
·
Exigir a las entidades financieras y grandes propietarios
que sigan cumpliendo los estándares de protección y de actuación que establece
la Ley 24/2015, y predicar con el ejemplo manteniéndolos y extendiéndose a las
políticas públicas de vivienda.
Al Parlamento: control al Gobierno y garantía de
que los derechos que protegía la Ley 24/2015 se siguen garantizando desde el
primer día.
A los partidos
que se presentan al 26J: retirar el recurso cuando se forme
nuevo gobierno y extender la Ley en el resto del Estado.
Sobre la‘cumbre’convocada por el presidente
Puigdemont, queremos dejar claro que su objetivo no puede ser otro que
concretar de qué manera aseguramos que los estándares de protección de derechos
que marca la Ley 24/2015 se sigan cumpliendo sin ningún retroceso.El Grupo
Promotor y su hoja de ruta deben tener un papel clave: en las dos últimas
semanas nos ha faltado información por parte de los dos gobiernos y eso ha
perjudicado la defensa de la ley.
Ante las
reacciones al recurso de los últimos días advertimos que las grandes declaraciones
de intenciones no paran desahucios ni cortes, pero a la vez tampoco
conseguiremos nada si nos resignamos y aceptamos la impugnación sin reaccionar
con valentía y determinación. Ahora lo que hace falta es estar a la altura
haciendo cumplir la parte de la Ley que ha sido salvada del recurso gracias a
la presión de la calle y llenando el vacío que puede generar la impugnación en
la parte de vivienda.
En los próximos días convocaremos una acción estatal para finales de mayo
en la calle, de reacción contra el recurso, y que será a la vez el lanzamiento
de la campaña de presión para poner el derecho a la vivienda en el centro de la
campaña del 26J.
#AvuiEsPot #AlertaPP #NiUnPasoAtrás
Grupo Promotor
de la ILPVivienda
Plataforma deAfectadospor la Hipoteca (PAH)
AlianzaContra la Pobreza Energética (APE)
ObservatorioDESC
