Resumen ejecutivo
El gobierno nacional está ejecutando un Proyecto Vial denominado “Anillo Periférico de la Capital de la República”. Para su construcción ha necesitado desalojar, en su primera etapa, a más de 2000 familias ubicadas principalmente en barrios marginados. Uno de esos barrios es la Colonia Villanueva: la más afectada, pues serían desalojadas 600 familias. Estas últimas invadieron un predio adyacente a los terrenos que ocupaban, del cual fueron sacadas violentamente a las dos semanas. Como consecuencia de esta situación, el Comité de Desalojados por la Construcción del Anillo Periférico que se nombró durante la invasión, solicitó apoyo a la FEDIPTENH (Federación Defensora de los Intereses de los Pobladores de Tierras en Honduras). Esta a su vez designó a la Asociación Hondureña de Desarrollo Comunitario (AHDEC) para que manejara el caso, pues la junta directiva de la FEDIPTENH es la misma junta directiva de la AHDEC.
La AHDEC reunió a todos los afectados por la construcción del Anillo Periférico para solicitarles su opinión y encontrar soluciones conjuntas al problema.
Estos manifestaron que deseaban quedarse en el predio que habían invadido y del que habían sido desalojados posteriormente. Le confiaron a la AHDEC un poder ante Notario público para que esta organización negociara la compra del terreno, diseñara la urbanización e hiciera las gestiones necesarias a fin de reasentar a los desalojados.
La AHDEC empezó a negociar con los dueños del terreno un precio justo, llegando a un acuerdo de U.S $3.55 la vara cuadrada (una vara cuadrada es igual a 0.64 metros cuadrados) el 15 de junio de 1994. El área del predio era aproximadamente de 240.000 varas cuadradas. Sin embargo, la lentitud en la decisión del organismo gubernamental con respecto al mecanismo financiero que se adoptaría, así como la dificultad de encontrar un banco privado que quisiera actuar como intermediario financiero – tal como lo exigía el Fondo de la Vivienda (FOVI), organismo financiero gubernamental, hizo que el proyecto comenzara a sufrir atrasos en su ejecución.
Todos los bancos privados cerraron sus puertas a la comunidad, porque éstos financian proyectos de vivienda de clase media y alta y no proyectos o unidades de vivienda popular para familias de ingresos bajos.
Finalmente, un banco privado, la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia S.A., aceptó avaluar el proyecto con la condición inicial de que cada adjudicatario aportara el 20% del valor de su respectivo terreno. Se analizó con el banco esta posibilidad, encontrándose que la cuota mensual a pagar se elevaba así a tres salarios mínimos, lo cual resultaba impagable para los miembros de la comunidad de La Candelaria.
Por consiguiente, se cambiaron las reglas así: el proyecto se ejecutaría en tres etapas: Etapa I, correspondiente a la compra de terreno: Etapa II, de urbanización: Etapa III, de construcción de la vivienda. Para la primera etapa, se exigió un aporte por parte de cada adjudicatario del 30% del valor de su terreno, con el fin de bajar el monto de la cuota mensual. Así, un lote tipo de 206 varas cuadradas sin urbanizar (igual a 143 metros cuadrados) tendría un valor de U.S $1,631,58 para lo cual se aportaría una prima o enganche de $489,47; la diferencia se pagaría en 24 cuotas mensuales de $47,59, siendo la cuota equivalente a 70% de un salario mínimo.
Bajo estas condiciones el FOVI aprobó el financiamiento por un monto total de L.6,052,958,38 ($78,633,60) y los pobladores l.3,000,000,00 ($300,000,00). O SEA, 80% EL PRIMERO; 10% EL SEGUNDO Y 30% los últimos, para un total de 120%. El 20% de excesos se utilizó, por una parte, para pagar los planos y diseños de la urbanización necesarios para solicitar el financiamiento y por otra, para tener recursos disponibles para el pago de la primera cuota por adelantado.
El día 12 de septiembre de 1995 se firmó la escritura pública con los dueños del terreno, quienes los entregaron a la AHDEC para que ésta a su vez individualizara los predios e hiciera entrega de la escritura correspondiente a cada uno de los futuros (610) adjudicatarios. *1
Mientras se realizaron los aportes de la primera etapa, se iniciaron los preparativos para proceder a la segunda etapa, de acuerdo a las condiciones pactadas con el FOVI y bajo un plazo de gracia. Esta etapa de urbanización que incluye apertura de calles, muros, e instalación de sistemas de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y aguas lluvias asciende a un costo total de L.48,133,642,70 ($4,813,364,27). La tercera etapa, de acuerdo corresponde a la vivienda básica, con un área de 50.20 M2, consistente en sala comedor, un dormitorio, cocina y servicios sanitarios para un costo total por unidad de L. 31, 840, 358,15 ($3,184,035,82).
Nota 1: Se trata de 610 lotes de los cuales 600 son para vivienda y 10 distribuidos así: 4 para iglesias de distintas religiones, 1 para el patronato de la colonia y 5 para establecimientos comerciales.
Conclusiones y recomendaciones
En cuanto a la reubicación de las familias, el gobierno no desarrolló ninguna estrategia facilitadora. La circunstancias y las presiones lo obligaron a ofrecer una alternativa de financiamiento, de modo que el proyecto fuera viable. Esta acción podría consolidarse como parte de una estrategia facilitadora generalizada del gobierno para ayudar a los grupos más desprotegidos, e implica que asuma nuevamente su responsabilidad, en el sector vivienda. Solamente haciendo más flexibles sus disposiciones legales relacionadas con el uso del crédito y desmercantalizando las decisiones sobre el uso del mismo, con una proyección social, se podría lograr parcialmente el objetivo. Este enfoque habilitador no exige ni nuevas instituciones ni nuevas leyes, ni un mayor financiamiento, sino una decisión política para hacer un uso apropiado de los instrumentos con que e cuenta.
Tal enfoque permite a la vez la movilización de los recursos de las comunidades generando ahorro interno y dándoles plena participación en la toma de decisiones.
En el esquema planteado, los pobladores participan en las decisiones para la exigencia del terreno y en la determinación de la propuesta financiera para su adquisición. También en la definición en la definición del modelo de la unidad de vivienda a construirse, conforme a sus necesidades y requerimientos .
En vez de contar con la empresa privada para la financiación tanto de la compra del terreno como de los diseños de planos, -con un recargo en el costo del 35% al $40%,- los pobladores aportan la prima base para estos fines.
No es necesario realizar gastos de promoción en publicidad por la radio, la televisión y por medios escritos, la cual por cierto es muy costosa, pues se cuenta con difusión de la OCB, la cual a través de sus miembros se encarga de difundir en distintas vecindades las bondades del proyecto.
Es así como este tipo de experiencia permite la participación de una comunidad de niveles de ingresos bajos a un costo mínimo de operación, lo cual se ajusta a lo señalado por el Manual de Operaciones del Banco Mundial (1998), tal como lo resume Enrique Ortiz Flores en el documento “Estrategias Facilitadoras: Tendencias y Perspectivas” (1º. Agosto de 1995.)
De esta manera la ONG ocupa un nuevo espacio en su articulación con el Gobierno dándole solución a un conflicto. Esta acción de colaboración entre una ONG y el gobierno ha abierto espacios de acción para la formulación de nuevas estrategias y políticas del suelo, de urbanización y de vivienda en Honduras.
No obstante, la colaboración entre el gobierno central y las ONGs es aún muy incipiente. El caso de AHDEC es uno de los pocos ejemplos existentes de cooperación en materia de vivienda. Posiblemente esta falta de colaboración entre ONG y gobierno se deba a la falta de reconocimiento de la legitimidad de las ONGs y al avance de las políticas neoliberales, a través de las cuales la empresa privada con fines de lucro sustituye a todos los demás sectores.
En materia de vivienda, se hace necesario un matrimonio entre las OCBs y las ONGs. Las primeras actúan como órganos de presión, como creadoras de la demanda, y las segundas como promotoras y como organismos administradores, gestores y técnicos. Juntas pueden lograr un mayor y mejor resultado en un esquema de cooperación con los gobiernos central y local, en un proceso de producción social de vivienda o de gestión social del Hábitat.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de lo que la Ley de Municipalidades asigna un nuevo papel a los gobiernos locales en los procesos de descentralización, en lo que al sector vivienda se refiere, estos podrían desempeñar mejor esa función si se asignara un papel de mayor trascendencia a las ONGs y a las organizaciones sociales, en vez de ignorar sus actuaciones, tal como sucede hoy en día.
La actitud de los gobiernos locales, la falta de democracia local y participativa y las prácticas clientelistas son las que actualmente limitan cualquier esquema de colaboración entre ONGs y gobierno local.
Recomendaciones
- Es recomendable que el financiamiento para vivienda popular se canalice directamente entre gobierno y ONGs, eliminando intermediarios financieros y privados porque estos lógicamente buscan obtener el mayor lucro posible.
- Es recomendable de la Municipalidades eliminen una serie de trámites burocráticos para proyectos de vivienda popular, pues hoy en día son los mismos que se exigen para los de vivienda de otros estratos o para cualquier urbanización con fines comerciales
- En Honduras, si bien es cierto que la Constitución de la República garantiza el derecho de la vivienda, para desarrollar este concepto a través de un programa masivo de vivienda, es necesario crear una legislación que permita la legalización de lotes ocupados ilegalmente, seguido de un programa de financiamiento – sin intermediarios financieros – para el mejoramiento de vivienda, promovido y desarrollado por ONGs.
- Los organismos internacionales financieros no deben aprobar proyectos en los cuales se exija la intermediación de la banca privada, pues esto da lugar al incremento de los costos y por supuesto altera el valor final de las unidades de vivienda, marginando así a los grupos más necesitados.
- Las ONGs pueden llevar a cabo programas de vivienda popular conjuntamente con las OCBs. Mediante la participación colectiva de sus miembros, en forma organizada y eficiente, siempre y cuando se cuente con el apoyo financiero de los gobiernos o de los organismos internacionales.
- Sería conveniente realizar un diálogo internacional en Honduras entre ONGs, OCBs, y organismos internacionales que ofrecen apoyo técnico y financiero al sector de vivienda popular (como el PNUD – Hábitat – Banco Mundial – BID, etc.) y así poder establecer mecanismos y condiciones de cooperación entre ONGs – Gobierno o entre ONGs – Organismos de Cooperación.
