Gentrificación: Un Concepto De Lucha

Los ricos ya tienen el centro histórico, y van a empezar
a crecer y a crecer. Lo que ellos quieren es nada más ver gente limpia, que
huela bien, bien vestida en sus tiendas. Y la gente de abajo no le importa si
se tiene que ir a Estados Unidos o se tiene que ir a la chingada.

Subcomandante
Marcos, acto público con
comerciantes y personas trabajadoras sexuales
de La Merced, 3 de mayo de 2006.

Vemos claro que hay una política
sistemática del gobierno contra los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de
México; es una política de desplazamiento de población originaria para insertar
población de altos ingresos y recursos medios que pueda pagar por una ciudad
cara.

Habitante del pueblo de Los Reyes,
quinta
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias
y Pedregales de Coyoacán, 1 de abril de 2016.

Si bien la lucha por los espacios urbanos con potencial
económico ha sido una constante en la historia de la Ciudad de México, no deja
de sorprender cómo en los últimos 10 años el término gentrificación se ha incorporado al vocabulario de
los movimientos sociales, sobre todo considerando la lejanía de este anglicismo
con cualquier palabra de uso común en México. El primer registro que
encontramos en medios nacionales se remonta a 2006 y corresponde a las
problemáticas expuestas por el Movement
for Justice in El Barrio 
durante
el recorrido de la Otra Campaña. En ese entonces, dicha organización
—suscriptora de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona— luchaba por la
permanencia de cientos de familias latinoamericanas en el barrio de Harlem,
Nueva York, ante la amenaza de expulsión por un consorcio británico que había
adquirido más de 40 edificios en la zona y pretendía revenderlos a precio de
oro. Afortunadamente, la propia crisis financiera de los subprimes terminó afectando las actividades del
grupo transnacional, y los habitantes del Harlem hispánico han negociado hasta
cierto punto su permanencia en el corazón de la ciudad.

Lo interesante aquí es que en todos
los países donde se populariza, el concepto propicia intensos debates entre,
por un lado, autoridades e intelectuales orgánicos que suelen negar la
existencia de semejantes procesos y, por otro, las organizaciones sociales y
los grupos vecinales que denuncian la intención, mediante diversos proyectos
urbanos, de expulsar a la gente pobre y reemplazarla por nuevos y más solventes
habitantes y usuarios. ¿En qué momento la gentrificación se volvió un tema en
la agenda de los movimientos sociales en México? ¿Cómo se dio la transferencia?
¿Es una moda pasajera o acaso involucra nuevas perspectivas para la acción?


Gentrificación no es un nombre de señora

En septiembre de 2015, con el apoyo
de la red Contested Cities, el colectivo español Left Hand Rotation implantó en
La Merced una nueva edición del taller Gentrificación
no es un nombre de señora
. Con ejemplos concretos, debates y dinámicas de
educación popular, los integrantes de aquél hicieron posible —como lo han hecho
en otras ciudades de Latinoamérica— que los participantes se apropiaran del
término para describir lo que ocurre en sus lugares de vida:

Es muy lamentable lo que nos está
sucediendo en nuestro barrio y mercado. Vemos que la gente originaria de aquí
vamos a ser desplazados por gente que nada tiene que ver en esta zona. Vamos a
ser sacados de nuestras raíces.

Estas palabras son las de un
locatario de la nave mayor del mercado, la cual sufrió un incendio el 27 de
febrero de 2013 que destruyó cerca de mil 200 locales comerciales. Según los
testimonios recogidos en el documental Permanecer
en La Merced
, también realizado por Left Hand Rotation,el gobierno aprovechó la situación
para lanzar el Plan de Rescate para La Merced que tenía preparado desde los
años noventa, cuando los mercados públicos dejaron de ser considerados elemento
estratégico en la economía y el abasto de la ciudad, dando pie al desarrollo de
supermercados y, por otro lado, al modelo de las plazas populares como
instrumento de gestión y control sobre el ambulantaje.

Al taller también acudieron
organizaciones de habitantes y comerciantes que luchan por mantenerse en el corazón
de la ciudad pese a la intensa actividad inmobiliaria registrada desde 2003,
cuando —a solicitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— Carlos Slim,
el magnate de la telefonía y la construcción, decidió involucrar sus empresas y
fundaciones en el “rescate” del centro histórico. Según los integrantes del
Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios, que aglutina a los ocupantes de
varios edificios cercanos a Palacio Nacional, la situación motivó una serie de
intentos de desalojo e incluso enfrentamientos directos con una camarilla de
abogados que intentaron despojarlos de sus bienes.

El taller resultó en un intercambio
de experiencias entre grupos que difícilmente habrían coincidido en otros
espacios. Aquí, las causas del movimiento urbano popular se encontraron con las
demandas de los vecinos de la colonia Juárez contra el entonces poco conocido
corredor cultural Chapultepec, un megaproyecto comercial e inmobiliario que de
“cultural” tenía sólo el nombre. En realidad, un grupo de empresarios pretendía
dirigir los flujos humanos de la glorieta de Insurgentes mediante un andador
elevado enlazado a un gigantesco centro comercial. Al final, gracias a la
difusión de la problemática en este tipo de espacios de articulación, el
megaproyecto fue el primero en caer en la lista de las zonas especiales de
desarrollo económico y social (Zode), que hasta ahora han suscitado más rechazo
que entusiasmo entre la población.

Sobra decir que para los opositores
al corredor Chapultepec y la mayoría de los grupos que hacen frente a grandes
proyectos inmobiliarios, la gentrificación ha dejado de ser un concepto ajeno y
se perfila como uno de esos términos que dan sentido y encauzan las luchas. Por
ello, anticipando la reacción de ciertos sectores académicos y grupos de poder
que buscarán diluir y moderar el debate, resulta importante ofrecer una pequeña
genealogía conceptual de la gentrificación para comprobar su esencia
emancipadora.

Batalla en el terreno teórico

El término fue inventado por la
socióloga alemana Ruth Glass, de filiación marxista, quien huyó de los nazis
para instalarse en Londres y dedicarse a la investigación urbana. En la
introducción de London: aspects of change, publicado en 1964, calificó degentrificationel arribo de nuevos habitantes de
clases media y alta a los antiguos barrios obreros, como Chelsea, Paddington o
North Kensington.

El sustantivo gentry se refería en el siglo XVIII a la
pequeña burguesía rural ubicada entre los grandes terratenientes (landed
gentry
) y las masas campesinas. Era de algún modo la clase media rural,
aunque según Immanuel Wallerstein, se trataba más de un “concepto en formación”
que de una verdadera “clase en formación”. De hecho, con la Revolución
Industrial y el éxodo de la población rural hacia las ciudades, el término gentry cayó en desuso. Entonces, Glass
revivió una vieja categoría para dar cuenta de la transformación de las
viviendas obreras en renovadas, elegantes y bucólicas residencias para gente
rica. Si bien la autora especuló que este proceso se difundía de un barrio a
otro, nunca fue más lejos en la explicación teórica del fenómeno.

En aquellos años, los estudios
urbanos se encontraban dominados por la Escuela de Chicago, de donde surgieron
las primeras investigaciones de gran escala sobre los mercados de suelo y los
“ciclos de vida” de los barrios. Estas investigaciones permitieron, entre otras
cosas, identificar un fenómeno bastante extraño para los economistas
neoclásicos a inicios del siglo xx: la pérdida del valor inmobiliario de
ciertas áreas urbanas que Homer Hoyt llegó a calificar como “valles de
decadencia”. Desde esta perspectiva, dicho fenómeno se interpretó cual
“anomalía” del mercado asociada a la presencia de poblaciones afrodescendientes
y de migrantes pobres.

Fue hasta 1979, cuando el escocés Neil
Smith, entonces alumno de David Harvey, ofreció una explicación sensata e
integral para comprender los ciclos de inversión y abandono, así como el
inesperado regreso de las clases pudientes hacia dichas áreas depreciadas. En
su artículo Toward a theory of
gentrification: a back to the city movement by capital, not people
, Smith
desnudó —como es menester del pensamiento marxista— las falsas explicaciones
neoclásicas y sus tintes racistas; aportó en cambio una explicación basada en
el estudio de los mecanismos económicos y los actores imperantes del mercado
inmobiliario.

Sería imposible abordar aquí todos
los elementos de la teoría de la brecha de renta (rent gap theory) y los
estudios empíricos que la sustentan. Conviene sin embargo señalar que, a
diferencia del modelo neoclásico, Smith no habla devalordel suelo sino derentadel suelo, pues mientras el primero es
producto del trabajo humano, el segundo corresponde al ejercicio de un derecho
exclusivo de propiedad.

En ese entendido, el precio de venta
de todo producto inmobiliario integra los costos de producción —la fuerza de
trabajo, la maquinaria, los técnicos, los abogados— y el dinero invertido por
el desarrollador en la adquisición del predio. Lo demás, tal vez el doble o el
triple, son ganancias extraídas por medio no sólo de la explotación laboral
sino, precisamente, de la renta del suelo (por concepto de venta, usufructo o
alquiler).

Esto significa que, dada la propia
naturaleza del mercado inmobiliario (de todo lo que no se puede mover), el
desarrollador pone un sobreprecio por el derecho a utilizar “su” lugar en
función de la buena o mala ubicación del proyecto, lo cual depende en realidad
de toda una serie de inversiones previas, incluida la social en obra pública.
La reconstrucción del paradero de la estación del Metro El Rosario, llevada a
cabo por las empresas de Grupo Carso, es un ejemplo grosero de cómo los
desarrollos inmobiliarios capturan la riqueza social. Ahora, la única forma de
entrar en la terminal o salir de ella, por donde miles de personas circulan
diariamente, es pasando por un centro comercial atiborrado de tiendas y
productos del mismo grupo.

Volviendo a la teoría, Smith señala
que toda construcción tiende a desfasarse de su entorno y tiempo. Así, la renta
que extrae por ejemplo el dueño de un edificio de oficinas situado en el centro
de la Ciudad de México disminuirá a causa de la migración del sector financiero
hacia Santa Fe. Él buscará entonces compensar sus pérdidas dejando de invertir
en el mantenimiento del inmueble hasta que se generen nuevas condiciones de
acumulación, que los gobiernos determinen facilidades fiscales y que los bancos
ofrezcan facilidades para invertir en el área.

En este esquema, la renta potencial del suelo equivale a
las ganancias que podrían esperarse de un nuevo proyecto inmobiliario adaptado
al entorno y a las nuevas tecnologías constructivas. Siguiendo el razonamiento
de Neil Smith, el proceso de gentrificación se desata cuando la diferencia
entre las ganancias actuales y las potenciales se vuelve tan atractiva para los
dueños del capital que deciden entonces actuar sobre barrios completos. Aunque
hay más actores involucrados directa o indirectamente en este proceso (pequeños
propietarios, estudiantes, artistas), la gentrificación resulta en general de
la acción colectiva de los agentes capitalistas (bancos, aseguradoras, agencias
inmobiliarias) y los gobiernos locales, que prefieren hablar de
“revitalización”, “rescate” o “regeneración urbana” para ocultar estrategias de
especulación y reestructuración territorial diseñadas al más alto nivel.

Perspectivas para la resistencia

Plantear una resistencia frente a la
gentrificación, como la hemos definido, resulta muy complicado, pues atañe a
una mercancía particularmente rara: el suelo, que no se puede desplazar ni
transformar sino solo ocupar.

Aunque las victorias en las calles y en
las urnas revisten gran valor para medir la voluntad popular, como se evidenció
con el caso del corredor cultural Chapultepec, son insuficientes a la hora de
frenar la aplanadora de torres y proyectos inmobiliarios que vienen casi
independientemente de lo que se haga sobre la avenida principal. Los habitantes
de la zona lo saben e incluso han reflexionado sobre una ley de arraigo
vecinal, que obligaría al Estado a proveer de vivienda social cada una de las
manzanas sujetas a la presión de las inmobiliarias.

En los Pedregales de Coyoacán, en
particular en los pueblos originarios de Los Reyes, La Candelaria, San Pedro
Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa, algunas voces han comenzado a apelar al
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que les da el
derecho como sujeto colectivo a controlar qué se hace o se deja de hacer sobre
sus territorios. Y es que los pueblos y las colonias ayer marginales hoy están
en la mira de los nuevos desarrollos. Desde Avenida del Imán —donde el mismo
promotor del corredor Chapultepec pretende adueñarse y reciclar 15 hectáreas de
una vieja planta de asfalto— hasta el Eje 10 y avenida Aztecas, la Zode Ciudad
Futura implica una serie de proyectos inmobiliarios destinados a los sectores
medios y altos. Para los opositores, el problema no es tanto que lleguen a
pasear los juniors por el parque de Huayamilpas sino, de
modo fundamental, la falta de agua y los riesgos de desabasto que conlleva la
densificación del área. Desafortunadamente, si bien la reivindicación de los
convenios internacionales es legítima, cuesta trabajo imaginar a los jueces de
este país del lado de los pueblos y contra las inmobiliarias, ante todo si
consideramos que el cuerpo jurídico se ha dedicado a defender el libre mercado
sobre todas las causas soberanas.

En efecto, además de la movilización
popular, hace falta voltear hacia las experiencias populares que se han
planteado el control colectivo del suelo urbano, principalmente las
cooperativas de vivienda en Latinoamérica, los jardines comunitarios y los community land trusts que se desenvuelven en Norteamérica y
Europa. En la Ciudad de México hay por ejemplo la cooperativa Palo Alto,
fundada en el decenio de 1970 sobre una mina de arena sin imaginar que 40 años
después estaría en una de las zonas con mayor plusvalía. Asentada al pie de la
Torre Arcos Bosques (mejor conocida como “El Pantalón de Santa Fe”), esta
colonia de más de 2 mil habitantes resiste a los embates de sus poderosos
vecinos gracias a que los socios de la cooperativa no pueden vender sus
viviendas sin pasar por un acuerdo de asamblea.

Un caso más reciente es el de la
cooperativa Guendaliza’a, impulsada por 38 familias en la colonia Cuchilla
Pantitlán conforme al modelo autogestionario de la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua: la cooperativa es dueña del conjunto
habitacional, cada socio cuenta con un contrato de uso y goce de su vivienda,
pero ésta no puede ser alienada sino transferida a costo de producción a un
nuevo socio.

Estamos lejos de las 20 mil viviendas
producidas al amparo de este esquema en Uruguay, mas la perspectiva es
alentadora desde el momento en que pretende transformar los patrones de
propiedad y la relaciones sociales en la ciudad.

Sólo así ganaremos las batallas
contra la hidra capitalista en la ciudad, destruyendo sus medios de
reproducción (en este caso la propiedad privada) y decidiendo colectivamente el
futuro de los barrios y sus espacios comunes. ¿No sería maravilloso que, en vez
de torres exclusivas de 30 pisos, los espacios reciclables de la ciudad, como
la planta de asfalto, se convirtieran en laboratorios para proyectos
agroecológicos y de vivienda cooperativa? Todavía quedan espacios de esperanza
en la ciudad monstruo, pero urge pasar a la ofensiva y multiplicar las barreras
materiales a la gentrificación.

*Geógrafo. Colabora en la agencia
autónoma de comunicación SubVersiones y en la oficina para América Latina de la
Coalición Internacional del Hábitat.

El documental y otros materiales
relacionados con la problemática de los mercados de La Merced están disponibles
en http://permanecerenlamerced.wordpress.com