El
pasado 21 de julio se realizó en Lima la Marcha
Metropolitana por el Derecho a la Ciudad impulsada por
la Unión de Estudiantes de Arquitectura
de Lima (UDEAL). Ellos, desde el año 2015,
desarrollan una lucha ciudadana que busca devolverle a la ciudad el sentido de
planificación y organización del territorio frente a un “obrismo” de
proyectos sobrevaluados, aislados y realizados sin consulta por la gestión
municipal del alcalde Luis Castañeda Lossio.
Lima
con cerca de 10 millones de habitantes es la
quinta ciudad más poblada de América Latina luego de Ciudad de México, San
Paulo, Buenos Aires y Rio de Janeiro. Como centro político, cultural,
financiero y comercial del país, constituye el símbolo histórico del
centralismo peruano. Allí
se ubican los tres poderes del Estado, las principales entidades estatales y
casi todas las entidades gubernamentales. Una reciente
encuesta identifica la inseguridad ciudadana, seguida del desorden en el
transporte públicoy lacorrupción de autoridades y funcionarios
municipales como los tres principales problemas que enfrenta la ciudad.
La
convocatoria de UDEAL expresa el descontento de muchos ciudadanos ante una
ciudad sometida durante años a intereses ajenos a la población, en la que
predomina la improvisación, la falta de voluntad política y principalmente la
corrupción. Esta vez al de salir a las calles, una vez más, para marchar
exigiendo el derecho a la ciudad se ha desplegado una plataforma de exigencias
ante la ausencia de prevención de cara a los desastres, la insistencia en la
ejecución de obras improvisadas con fallas estructurales y sobrecostos, la
burda privatización de espacios públicos como parques y playas. Una lista que
incluye problemas que se acumulan como la falta de voluntad para mejorar el
transporte público, la ausencia de un plan urbano integral para Lima, el
abandono delpatrimonio histórico, la falta de transparencia en la gestión
de la ciudad, la pasividad ante la informalidad y la fuerte corrupción, además
de una clamorosa ausencia de voluntad para atender el problema de vivienda
social. Todas ellas son demandas, que de acuerdo a la ley, son competencia de
la Municipalidad Metropolitana de Lima aunque el alcalde Castañeda se niegue
asumirlas como tarea en este su tercer mandato.
Es oportuno recordar que
Lima ha crecido impulsada por familias de todas las regiones del país llegadas
a la ciudad buscando mejores oportunidades (acceso a empleo, educación, salud,
justicia, etc.). Son peruanos forzados a acomodarse en espacios
reducidos del centro de la ciudad y obligados también a conquistar
la tierra a través de la organización y la participación comunitaria como en la
mayoría de las ciudades latinoamericanas. Su trabajo cotidiano para sostener a
sus familias, dio paso a la construcción de sus viviendas y barrios, escuelas,
caminos y espacios públicos que han sido hechos por los propios
habitantes.Esta Producción Social del Hábitat,
denominada así por HIC la Coalición Internacional por el Hábitatreferida
a “todos aquellos procesos
generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se
realizan bajo el control de auto-productores y otros agentes sociales que
operan sin fines de lucro, son procesos de producción y gestión social del
hábitat que se dan tanto en el ámbito rural como en el urbano, y pueden tener
origen en las propias familias actuando individualmente, en grupos organizados
informales, en empresas sociales como las cooperativas, o en las ONG, entre
otros. Las variantes autogestionarias incluyen desde la auto producción
individual espontánea de vivienda hasta la colectiva que implica un alto nivel
organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de
producción y gestión de otros componentes del hábitat”.
El
proceso abierto por UDEAL en Lima con la participación de más de cincuenta
organizaciones e instituciones de toda la ciudad de Lima se suma así al proceso
latinoamericano en marcha en otras ciudades y países de la región por construir
una plataforma común de lucha en pro del Derecho a la Ciudad, articulando
demandas y organizaciones en torno a los problemas que expresan los intereses
colectivos, sociales y económicos, de
manera especial los de grupos vulnerables y desfavorecidos de nuestras
ciudades, respetandolas diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre
lo urbano-rural.
La
marcha UDEAL constituye así un paso demostrativo de los avances en el proceso
de agregación de intereses urbano-ciudadanos al movilizar a mucha gente y
sus organizaciones que reaccionan ante el abuso o la ausencia de
responsabilidad de las autoridades municipales de nivel local y metropolitano.
Se aprecia ahora una nueva situación en la que se construye un tejido social
dinámico y diverso conformado por vecinos procedentes de diversas partes de la
ciudad que confluyen en la
exigencia creciente del respeto al “Derecho a la Ciudad”. Se levanta
una propuesta política surgida de la ciudad misma que reivindica la posibilidad
de que la gente vuelva a ser dueña de su hábitat urbano. Nosotros ya nos
sumamos y seremos muchos más.
