PLATAFORMA MEXICANA
POR EL DERECHO A LA
CIUDAD
Y EN DEFENSA DEL TERRITORIO
El
grupo promotor de esta Plataforma—conformada por organizaciones,
movimientos sociales y académicos que en los últimos 50 años han trabajado en
temas relacionados con el hábitat urbano y rural desde una visión compleja y a
partir de la integralidad de los derechos humanos; y que en particular han
buscado reforzar su articulación alrededor de puntos comunes en materia de
producción social del hábitat, defensa del territorio y derecho a la ciudad—,
·
Asumiendo
una visión crítica del sistema capitalista en su actual fase neoliberal y sus
efectos devastadores sobre la población y la naturaleza;
·
Tomando
como punto de partida las luchas que se desarrollan en todo el país en defensa
del territorio, así como una serie de esfuerzos de articulación, denuncia,
incidencia y propuesta (Asamblea Mundial de Habitantes, Tribunal Permanente de
los Pueblos, Plataforma Internacional para el
Derecho a la Ciudad, entre otros);
·
Considerando
que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sustentable, conocida como HÁBITAT III, significa la posibilidad de
elaborar una Nueva Agenda Hábitat —y no sólo una Agenda Urbana— que se enfoque
en el pleno ejercicio y goce del derecho a la vivienda y hábitat adecuados
además de avanzar en el reconocimiento de normas y obligaciones internacionales
que reconozcan y garanticen el derecho a la ciudad, el derecho a la tierra y
territorio de tod@s, así como al transporte de calidad para una movilidad
urbana segura a inclusiva, a la energía en armonía con la naturaleza, y a la
memoria urbana colectiva;
INVITA
A todos los actores interesados en sumarse a laPlataformamexicana
por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio, a trabajar de manera
horizontal y flexible a partir de un plan de acción construido colectivamente.
Los primeros esbozos del plan se presentan en este documento, con el fin de
contribuir a la construcción de ciudades y territorios más justos, democráticos
y respetuosos de la naturaleza.
El lanzamiento público de laPlataformase
llevará a cabo en el marco del 50 aniversario del Centro Operacional de
Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI), el miércoles 22 de abril a las 10:30 de la
mañana en el Museo de la Ciudad de México.
Para
adherirse, favor de escribir a plataforma.territorio.ciudad@
***
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
En la
actualidad casi el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades. El
restante 20% se ubica en zonas rurales. Se trata principalmente de personas sin
tierra, trabajadores rurales, pueblos indígenas y agricultores de pequeña y
mediana escala que representan la columna vertebral de los sistemas
alimentarios locales y que aun así, con mucha frecuencia sobreviven en
situaciones de extrema pobreza y son víctimas del despojo de los bienes
naturales —que en muchos casos han preservado por siglos y de los cuales
dependen.
En México, la cresta de la ola de la urbanización tuvo lugar entre las décadas
del 40 y el 70, en un contexto de crecimiento demográfico, desarrollo del
mercado interno e industrialización sustitutiva concentrada en las ciudades.
Aunado a lo anterior, la “revolución verde” que antepuso el desarrollo
agroindustrial al de la agricultura campesina, propició migraciones internas
masivas y la conformación de un gran proletariado rural desposeído en búsqueda
de vivienda y trabajo asalariado. En un primer momento el Estado quedó
desbordado por lo que esta población fue orillada a buscar un espacio en las
periferias dónde había suelo barato o vacante sin servicios, en zonas no
urbanizables, debido en muchos casos a la preexistencia de riesgos ambientales
severos por su localización (contaminación del suelo y el aire, riesgos de
derrumbe, inundaciones por lluvias, basureros a cielo abierto, etc.). En este
periodo se profundizó la cultura de la irregularidad y la corrupción en el
acceso al suelo, irregularidad promovida incluso desde autoridades de
diferentes niveles. En vez de fortalecerse como un derecho humano, el acceso al
suelo fue utilizado como moneda de cambio en un aparato estatal parcial y
clientelar; en algunos casos, el Estado respondió más bien con la
criminalización de los grupos sociales que habían buscado solucionar sus
necesidades de vivienda llevando a cabo ocupaciones de tierra. Así crecieron
colonias y barrios construidos por el esfuerzo propio de comunidades
principalmente de origen rural.
En 1976, fecha en la que se llevó a cabo la Conferencia HÁBITAT I celebrada en
Vancouver, se elaboró una Declaración sobre los Asentamientos Humanos que
—además de visibilizar la producción social del hábitat y de pugnar por un
nuevo equilibrio en las relaciones campo-ciudad— reconoció la necesidad de
regular el acceso al suelo y llevar servicios básicos a los asentamientos
precarios. Además de concretarse a nivel nacional con la Ley de Asentamientos
Humanos, estas ideas se impulsaron desde una nueva Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Plúblicas (SAHOP) que realizó un trabajo de planeación del
territorio, de los centros de población y de los componentes del hábitat
(vivienda, infraestructura, equipamientos, suelo), así como el desarrollo de
políticas de administración urbana, ecología y prevención de desastres. De ese
proceso surgió el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (FONHAPO), como
un mecanismo de apoyo a la producción social del hábitat, y en 1983 se
consiguió el reconocimiento constitucional a la vivienda, en la primera Ley de
Vivienda. A pesar de estos esfuerzos, prevaleció la cultura de la irregularidad
arriba mencionada.
En HÁBITAT II, celebrada 1996, también se lograron avances significativos
gracias a la participación de la sociedad civil que ya impulsaba el Derecho a
la Ciudad. Se reafirmó el reconocimiento del derecho a la vivienda y se
consiguió impactar en la Agenda Hábitat que surgió de esta conferencia.
No obstante, con la caida del muro de Berlin se impusieron globalmente los
lineamientos del Consenso de Washington, teniendo como marco el neoliberalismo
y el proyecto de restructuración de los Estados-Nación. La implementación de
este modelo de desarrollo en México tuvo importantes impactos en los asuntos
territoriales, urbanos y habitacionales. Enorme peso se dio desde entonces al
papel macroeconómico de la producción mercantil de la vivienda, en el que
también incidió la reducción del rol del Estado de proveedor y regulador
a facilitador, incluso en el tema de la planeación urbano-regional,
permitiendo una especulación escandalosa y la acumulación de ganancias
exponenciales de parte del sector inmobiliario. Esto se vio concretamente en la
cancelación de programas de producción pública de vivienda y en la disminución
del monto de los recursos fiscales destinados a este rubro. El campesinado, por
otro lado, sufrió el abandono estatal mientras se permitía que grandes empresas
de producción de alimentos y extracción de recursos (minería, biodiversidad,
etc.) se apoderaran de grandes cantidades de tierras y aguas. Los derechos de
propiedad firmemente establecidos fueron estimulados a través de la
regularización de la propiedad individual, el fortalecimiento del sistema
hipotecario, la agilización de los juicios de desalojo en caso de
incumplimiento de pago de la hipoteca y redescuento de paquetes hipotecarios en
el mercado secundario internacional (proceso conocido como bursatilización).
Favorecidas también por la modificación en 1992 del Art. 27 de la Constitución
y en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con
Canadá y Estados Unidos en 1994, se asistió a la implementación de políticas de
vivienda basadas en la apropiación de ejidos y tierras comunales destinadas a
la producción agrícola, para la construcción de inmensos conjuntos de hasta 30
mil viviendas. El resultado ha sido el incremento de la producción habitacional
dirigida a la clase trabajadora del sector formal, hasta alcanzar un record de
más de 500 mil viviendas nuevas al año, la mayoría construidas sobre la base de
cambios uso de suelo sin justificación en los instrumentos de planeación
correspondientes. Lejos de coadyuvar al desarrollo integral de la ciudad, las
zonas rurales y sus habitantes, se privilegia un modelo donde el gran beneficiario
es el agente desarrollador y no la población que recibe viviendas inadecuadas
en tamaño, ubicación, servicios y articulación con la trama urbana. Se observa
en efecto un aumento del hacinamiento, la violencia, el deterioro del hábitat
popular; en pocas palabras, la anti-ciudad. Esta situación se refleja de forma
contundente en el censo de 2010 que estimó que cerca de 5 millones de
viviendas, aun cuando no todas nuevas, estaban deshabitadas. Además, no se han
podido evitar nuevas ocupaciones de tierra porque el mercado de crédito sobre
el que se asienta esta política deja fuera a la mayoría de los hogares pobres
mexicanos.
La política de vivienda propuesta en 2015 por el gobierno pretende revertir
esta situación a través de la densificación de las ciudades y por medio de
“polígonos de contención urbana”. Sin embargo, lo anterior no está acompañado
de una política que garantice la generación de suelo legal, servido y
accesible, destinado a los más pobres a lo interno de dichos polígonos. Tampoco
existen instrumentos de captación de plusvalías originadas en la inversión
pública ni de control de la especulación, lo que aunado a la decisión de no
otorgar subsidios a quienes construyen fuera de los polígonos, puede fomentar
el aumento del número de asentamientos urbanos precarios y la ocupación de
tierras de protección ecológica o de alta productividad agrícola.
Frente a la situación planteada en los párrafos anteriores, pobladores y grupos
organizados de México y de todo el continente, han desarrollado numerosas
alternativas tanto en ámbitos rurales como urbanos. LaPlataformapretende
entonces dar a conocer y respaldar estas iniciativas; incidir en las leyes y
políticas relacionadas con el hábitat que en lugar de enfocarse a solucionar
las necesidades básicas de la población y sus derechos humanos hacen prevalecer
los intereses de unos pocos sobre los de las mayorías; denunciar el despojo de
la población urbana y rural y la violación de sus derechos; ofrecer un espacio
de articulación entre luchas rurales y urbanas y visibilizar las demandas de
los movimientos que así lo deseen.
Todo lo anterior resulta especialmente pertinente considerando la coyuntura que
se presenta a nivel internacional ya que en octubre del 2016 se llevará a cabo
en Quito, Ecuador, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sustentable, conocida como HÁBITAT III, convocada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Tanto en Hábitat I
(Vancouver, 1976) como principalmente en Hábitat II (Estambul, 1996), el
esfuerzo de la sociedad civil mexicana por planear propuestas, participar
activamente durante las conferencias y ubicar aliados estratégicos para aportar
a la redacción final de los acuerdos fue significativo para su momento
histórico, considerando sobre todo que las orientaciones de las Conferencias
tuvieron repercusiones en varios aspectos de la administración y la política
pública.
En el proceso actual, el gobierno mexicano instaló el pasado septiembre el
Comité Nacional Hábitat III encabezado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), invitando a pocos miembros de la sociedad civil y académicos, con una
ausencia significativa de las organizaciones de base. En este marco, se está
trabajando en la elaboración de un Informe Nacional que presentará el gobierno
rumbo a Hábitat III donde hasta el momento (II borrador) se observa la
dificultad de plasmar la realidad que los habitantes de México enfrentan en sus
territorios además de hacer caso omiso a muchos de los comentarios críticos y
propuestas provenientes de la sociedad civil y la academia, como las surgidas
del foro realizado en la UNAM en enero del presente año.
Ante este contexto, se observa una oportunidad para generar articulaciones y
propuestas que trasciendan la coyuntura de Hábitat III y retomen los
planteamientos de diversos sectores de la sociedad provenientes tanto del
ámbito rural –campesinos e indígenas– así como urbano, con especial énfasis en
las periferias y las colonias populares.
Entre
los principales objetivos y acciones a realizar, tenemos:
·
Formar
una articulación ciudadana con representantes del campo y la ciudad
·
Dotarse
de una estrategia para denunciar, incidir y proponer alternativas ante el poder
legislativo (nueva ley de vivienda, de territorios y ciudad y leyes
relacionadas) y organismos como CONAVI y SEDATU
·
Construir
acciones conjuntas a partir de la interdependencia entre los derechos
·
Participar
en la Constituyente Ciudadana en temas relacionados a la ciudad y al
territorio, retomando la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la
Ciudad
·
Incidir
en el Informe Nacional rumbo a Hábitat III
·
Incidir
en las decisiones que se tomen a nivel regional e internacional en materia de
territorio y ciudad: Minurvi, informe regional CEPAL en vista de Hábitat III,
Agenda Urbana que se presentará en Hábitat III, objetivos de desarrollo post
2015, etc.
·
Participar
en la preparación de eventos paralelos a Hábitat III
·
Visibilizar
los conflictos relacionados con los temas de la Plataforma
·
Desarrollar
formas de comunicar los temas de preocupación a públicos diversos y crear un
portal en Internet
·
El
lanzamiento de estaPlataformaestará enmarcado
por el aniversario de COPEVI y el Día Internacional de la Madre Tierra
¡DE-CÍ-DE-TE por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del
Territorio!
Grupo
Promotor de la Plataforma Mexicana
por el Derecho a la Ciudad y en defensa del Territorio:
Centro Operacional de Vivienda y
Poblamiento A.C. (COPEVI), Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina
para América Latina (HIC-AL), Cooperación Comunitaria A.C., Hábitat para la
Humanidad México, Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática
(MUP-CND), Unión Popular Valle Gómez.
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Para ver la nota en donde se refiere el lanzamiento de la
Plataforma
