Nota para HIC, de Ana Sugranyes, del Comité de Sabios y Sabias de la Coalición
El 02 de febrero, varios incendios simultáneos devastaron áreas forestales y habitacionales de la Región de Valparaíso, Chile: mataron a 132 personas y quemaron 7 mil viviendas sobre un total de 8 mil hectáreas de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Las víctimas son familias de distintos grupos socioeconómicos; la mitad de ellas vivían en asentamientos populares, los campamentos, como se denominan en Chile.
El fuego arrasó con todo; sus causas son varias, entre los efectos del cambio climático, la ausencia de medidas de prevención de riesgo, el (des)ordenamiento territorial y, con gran probabilidad, una intención de destrucción.
Este tipo de desastre recuerda aquella ‘epidemia’ de incendios que se dieron en favelas de Sao Paulo, hace unos 10 años, y que la película “Limpam com fogo” tan bien explica.
Las ayudas para la emergencia provienen del Estado y una gran movilización voluntaria, con la remoción de escombros, el levantamiento del catastro de damnificados, un bono de unos mil dólares por familia y apoyos de toda índole, alrededor de las ollas comunes.
El diagnóstico del drama está establecido, con sistemas georreferenciados de alta tecnología. El Estado empieza a definir las reglas de la reconstrucción en la tradición de la política habitacional chilena: el subsidio individual, priorizando la respuesta a las familias damnificadas con título de dominio.
Como ya pasó después de otros incendios en esta región costera del centro de Chile – con topografía bien accidentada–, la tendencia apunta a la reconstrucción inmediata, con materiales más o menos definitivos. Consiguiendo ayudas familiares, o préstamos comerciales, se vuelven a levantar casas en los mismos lugares, a veces sobre el mismo ‘radier’, sin revisar siquiera los socavones que el fuego puede haber creado debajo de la base encementada de estas construcciones en lotes no muy densos.
La tendencia, entre premura, desconfianza e individualismo, es de repetir los mismos graves errores de siempre de la urbanización trucha, pirata, luego regulada por el Estado, para que nuevos desastres se repitan.
¡Hay excepciones! Lo vemos con el Movimiento de Pobladores Organizadas, MPO, con su enfoque autogestionario. Entre condiciones habitacionales e institucionales adversas, unas comunidades logran volver a movilizar la fuerza de la organización, para sobrevivir al trauma ‘de haberlo perdido todo’ y para pensar la reconstrucción desde la sensatez de la prevención de riesgos, la regeneración de los espacios de resguardo, cortafuegos, mayores densidades, y la integración urbana.
Nueve comités de campamentos del sector Pompeya Sur, comuna de Quilpué –unas 450 familias – muestran capacidades de desarrollar un reasentamiento planificado entre las organizaciones y las familias, pensando el futuro a pesar de la precariedad del momento, analizando opciones más seguras, más adecuadas a la agresividad del entorno; y sopesando la mejor alternativa posible entre varias formas de acceso a la vivienda, en propiedad individual o colectiva, en mayor o menor densidad, en cooperativa, arriendo, o comodato.
Villa La Unión está en proceso de reconsolidación. Por más de 5 años años de tradición de la organización social y local, de querellas judiciales, peleas y sumando algunas certificaciones de prefactibilidad técnica de urbanización, estas comunidades en toma están acompañadas de un equipo multidisciplinario, que se va estructurando poco a poco, entre instancias voluntarias, profesionales, académicas, estudiantiles y partidistas; un aprendizaje de trabajo colectivo y ordenado, al servicio de las y los dirigentes locales.
Las figuras 1 y 2 muestran, a la izquierda, la atomización de los campamentos antes del incendio. A la derecha, aparece un primer intento de imagen objetivo, más compacto, diseñado a partir de una plaza o centro ciudadano y de los cuidados, buscando integración urbana, y con franja de cortafuego, regeneración de un equilibrio hídrico, áreas de parques, huertos y juegos.
Villa La Unión es un gran desafío. Es el sueño de familias vulneradas y vulnerables, apenas saliendo de un shock traumático, que piensan en la calidad de vida de las nuevas generaciones, y que se enfrentan a la adversidad del entorno institucional. La lucha será larga y dura, hacia el reconocimiento municipal de un cambio en el plan regulador; ante el ministerio de desarrollo social para la ayuda de emergencia, ante el ministerio de vivienda y urbanismo hacia un plan maestro y facilidades para diferentes accesos a la vivienda.
Sí, está el dolor del desastre, el desamparo de las familias devastadas y criminalizadas; también está la autogestión acompañada para el barrio, para el buen vivir de todas, todos y todes!
