Madrid, 12 de febrero. Tres
personas – un ciudadano de Basauri y un matrimonio de jubilados de Palma de
Mallorca – se suicidaron hoy ante el inminente desahucio de sus viviendas por el
impago de un crédito hipotecario. Un drama que se suma al ocurrido el pasado
viernes en Córdoba y con los que suman ya 12 desde el inicio de la crisis en
España, en 2008. En el Parlamento español, entre tanto, se presentó y se
admitió a trámite una iniciativa popular respaldada por un millón y medio de
firmas con la que se exige el cambio de la legislación hipotecaria para regular
la dación en pago.
Hoy fue una jornada especialmente
intensa tanto al dentro como fuera del Congreso de los Diputados de España. Era
un día clave para la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) y para los
miles de activistas y ciudadanos que han padecido en carne propia la severidad
de la legislación española en materia hipotecaria, de las únicas del mundo
occidental que no contemplan que tras el impago de una deuda por un inmueble y
el cambio de titularidad a favor de la entidad financiera se termine la deuda,
sino que ésta continúa.
En España, desde el inicio de la
crisis, se han lanzado a alrededor de 500 personas al día, con lo que ya son
más de 400 mil familias expulsadas de sus hogares. Un drama que se ha
convertido en irreversible para 12 casas que han padecido además el suicidio de
alguno de los cabezas de familia.
Los últimos tres suicidios
ocurrieron a unas horas de diferencia. Primero se informó del cometido en la
localidad vasca de Basauri, de un hombre de 56 años cuya identidad ha
permanecido en el anonimato por deseo de la familia. Sí trascendió, según
informó la PAH, que dejó una nota en la que escribió un contundente: No puedo
más.
Unas horas después – y mientras el
Parlamento español ya debatía la propuesta popular, a la que el derechista
Partido Popular (PP) había anunciado su voto en contra –, trascendió que un
matrimonio de jubilados se suicidó. Dejaron una carta en la que argumentaron
que su último acto desesperado tenía relación directa con el aviso que habían
recibido de los juzgados en el que les informaban que serían desalojados de su
hogar en los próximos días. Tenían 68 y 67 años.
Mientras en Palma de Mallorca los
dos ancianos decidían quitarse la vida, en Madrid los diputados españoles debatían
una iniciativa popular que se presentó ante el Parlamento con el aval de un
millón 500 mil firmas. El debate comenzó con una sesión ya caldeada y tensa.
El PP y el gobierno de Mariano
Rajoy ya habían mostrado sus cartas antes del debate de las propuestas: darían
su apoyo inequívoco a los toros, al considerar que son el denominador común de
todas las culturas del país, y rechazarían la propuesta ciudadana que pretende
terminar con el drama de los desahucios e impulsar una reforma de mínimos en la
legislación hipotecaria.
Pero el plan previsto por el
gobierno y el partido conservador se alteró de repente. Probablemente el
suicidio del matrimonio de jubilados o la presión popular que mantenían en las
puertas del Congreso los activistas de la PAH o, simplemente, por una cuestión
de imagen tras coincidir en el debate de la propuesta popular sobre los toros,
pero el caso es que el PP cambió de opinión y admitió la iniciativa. Cabe
recordar que el PP tiene mayoría absoluta y que, por tanto, todas las aprobaciones
pasan por su beneplácito. Lo que no significa que la iniciativa se apruebe, ya
que sólo se va a debatir y en principio el PP está en contra, al defender la
postura de la banca.
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