Surge La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua para exigirla como un derecho humano en México.

Preocupados(as) por la distribución y el acceso desigual al vital líquido
Mientras que en las ciudades la cobertura de agua potable es del 94.6% y de alcantarillado casi del 90%, en los poblados rurales hay un rezago alarmante. Asimismo algunas personas gozan de una dotación y calidad de agua adecuada, mientras otros, principalmente la población de menor ingreso e indígenas, tienen que acarrearla, pagar pipas o son afectados en su salud por recibir agua contaminada. En estos casos, son las mujeres y niños los que sufren más la carencia.

Tampoco es equitativo el acceso entre los diversos productores agrícolas ya que si bien el 80% del agua se usa para esta actividad, sólo se beneficia el 30% de la superficie agrícola concentrada en el noroeste y centro del país. Además el uso del agua en la agricultura en nuestro país implica grandes desperdicios.

Preocupados(as) por la tendencia privatizadora.
Consideramos que el agua es un recurso público, es decir, no es una mercancía como pretenden afirmar la banca multilateral y las empresas privadas. Por ende, el fin de su gestión no es lucrar sino ajustarse a criterios para brindar una cobertura con eficiencia y acceso equitativo de calidad.

En nuestro país existen preocupantes grados de privatización de los servicios de agua y saneamiento. Hay ejemplos que constituyen un atentado contra la ciudadanía, como el caso de Aguascalientes y Saltillo, en que las empresas Suez y Aguas de Barcelona elevan arbitrariamente las tarifas. Además, en un número creciente de ciudades existen procesos de privatización de los sistemas de agua y de plantas de tratamiento cuya evaluación aún está pendiente. En este proceso es evidente que las empresas trasnacionales y las coinversiones han sido las beneficiadas.

Preocupados(as) por la inexistencia de mecanismos democráticos de participación.
Con las reformas elaboradas a la Ley de Aguas Nacionales, la toma de decisiones se realiza a través de los Organismos de Cuenca. Los usuarios y las organizaciones sociales y civiles sólo pueden participar en los Consejos de Cuenca cuyo poder es muy limitado. Sin embargo, son las comunidades de las cuencas las que resultan ser las más afectadas por las decisiones de dichos organismos.

Hay que considerar que el marco jurídico no contempla la visión que hay en la gestión del agua en comunidades campesinas e indígenas. Esto es, la visión que supone al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, insustituible y que no tiene precio.

Por lo tanto afirmamos:

Que el respetar, proteger y garantizar el derecho al agua es una obligación del Estado mexicano, contraída a partir de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. De acuerdo con la Observación General n° 15, emitida en 2003 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible y debe ejercerse de modo sostenible para que pueda ser disfrutado por las generaciones presentes y futuras. Además, el derecho al agua es condición para la realización de otros derechos humanos.

Que el acceso, distribución y toma de decisiones sobre el agua debe ser equitativa entre personas y regiones.

Que es urgente plantear una nueva política del agua que garantice, a través de su gestión democrática y pública, mediante el fomento de tecnologías y una nueva cultura del agua, el cumplimiento del derecho humano al agua y un aprovechamiento sustentable del vital líquido.

Y exigimos:

• Justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos, garantizando el manejo sustentable.


• El estricto apego del Estado mexicano a los compromisos adquiridos al firmar el PIDESC, especialmente en cuanto a respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua.


• Elevar a rango constitucional el derecho humano al agua para fortalecer el marco institucional que garantice de forma permanente el ejercicio de dicho derecho en nuestro país.


• Detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, reformar la legislación y políticas que la promueven, y crear nuevas leyes y políticas a favor de la participación plural en la toma de decisiones sobre la gestión del agua.

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Equipo Pueblo
Espacio DESC
Food First Information and Action Network- México
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Movimiento Urbano Popular
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”
Red Ciudadana del Agua
Red de Género y Economía
Red de Género y Medio Ambiente
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua

Para mayor información comunicarse con Lorena Peralta al 56596797
o con Claudia Gómez-Portugal al 52863323 o 0445518506827.