La medida fue impuesta por la Gobernación Provincial fuera del ámbito de
sus atribuciones y comunicada de forma intempestiva el pasado 12 de enero, sin
publicación en el Diario Oficial como exige la ley, por lo que más de 80
personas interpusieron un recurso de protección que fue acogido por la Corte de
Apelaciones de Antofagasta.
Por Observatorio Ciudadano, 12 de febrero de 2018
Miembros de
organizaciones por el derecho a la vivienda digna y migrantes entregaron hoy en
La Moneda una carta dirigida a la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, en la cual las directivas de los comités 12 de Marzo, 7 de Abril,
Ecuachilepe y Unión Progreso del Macrocampamento Balmaceda de Antofagasta,
solicitan la intervención de la mandataria en representación de 60 familias
amenazadas por una orden arbitraria e ilegal de desalojo de la Gobernación
Provincial de Antofagasta.
En efecto, el 11 de enero de 2016 dicha Gobernación
dictó la Resolución Exenta N° 50, ordenando el traslado de pobladores que desde
el año 2008 han ido ocupando la zona alta de la ciudad de Antofagasta en busca
de una solución habitacional ante la ausencia de recursos para acceder a otras
alternativas. En dichos terrenos, de propiedad fiscal, reparticiones públicas y
privados han apoyado la regularización sanitaria e instalación de medidores.
Por lo mismo, fue toda una sorpresa cuando de forma
totalmente intempestiva los pobladores del macrocampamento tomaron conocimiento
el pasado 12 de enero, mediante una carta informativa firmada por el Intendente
Regional y la Gobernadora Provincial (S), que serían trasladados a un “barrio
transitorio”, sin considerarse su parecer ni participación en la decisión
adoptada y altamente gravitante para sus vidas, no obstante la existencia de
comités vecinales y un importante nivel de organización que permite diálogos
frente a diversos temas.
Más aún, fue recién con la carta de enero pasado que
los pobladores supieron de la existencia de la referida resolución dictada dos
años atrás, la que acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos debió ser
objeto de una publicación en el Diario Oficial, lo que no ha ocurrido hasta la
fecha. Lo anterior, además, no obstante no estar entre las atribuciones que la
ley otorga a la Gobernación Provincial el deducir acciones de desalojo respecto
de persona alguna, por lo cual la disposición no solo debería ser nula de
acuerdo a la Constitución Política, sino también es arbitraria e ilegal.
Por ello, un grupo de 86 pobladores interpusieron un
recurso en contra de la Resolución, en la Corte de Apelaciones de Antofagasta,
la cual fue declarada admisible, siendo ahora la justicia la que tiene en sus
manos el deber de pronunciarse sobre estos hechos.
Descargar carta a la Presidenta
Descargar recurso de protección
Contactos:
José Aguilar, Comité 12 de marzo /+569
90172749
Blanca Camuendo, Comité Simón Bolívar /+569
65645097
Pablo Rojas, ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL /+569
88227146
Paulina Acevedo Menanteau
Periodista, Comunicadora en DDHH
Coordinadora Programa Ciudadanía e Interculturalidad
Observatorio Ciudadano
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