DESALOJO CERO PARA TAPYIRA EN PARAGUAY
LIBERTAD A LOS PRESOS EN EL MARCO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS
SOCIALES POR LA TIERRA Y LA VIVIENDA
La comunidad denominada TAPYIRA tiene una superficie de 6 Has. 3.848 m2,
está ubicada en el Barrio Los Naranjos ,Zona Urbana del distrito de
J.Augusto Saldivar , distrito de Capiatá, el inmueble está
individualizado como Finca Nº 2617, Padrón Nº 2.500, el propietario es
el Sr.José Maria Barrios.
La ciudad está ubicada en el Distrito de Capiata, Departamento Central,
Rca del Paraguay.
En la comunidad denominada TAPYIRA habitan 135 familias.
En su mayoría son familias completas,con muchos niños menores de edad,
las edades de sus habitantes van de 0 a 80 años,pero el promedio es de
madres jóvenes cabeza de familia con 3 a 5 niños por hogar.Las viviendas
son precarias y sobreviven de lo que se denomina “changas” (trabajo de
corto tiempo en lo que pueden conseguir), las mujeres son vendedoras
ambulantes, (en esto también trabajan los niños) y trabajan también de
empleadas domésticas.
Hace más de tres años que la comunidades afinco en el lugar, el
propietario había hecho una propuesta de venta a la Secretaria de
Acción Social mediante una carta oferta que excede los costos estimados
por el Gobierno en cuanto al valor del inmueble.
Por tanto se solicita la expropiación al Parlamento Nacional, la cual
cuenta con media sanción.
Se está tramitando ante la jurisdicción del fuero civil un interdicto de
recuperar la posesión, en el que aún no existe Sentencia definitiva.
El propietario, es quien oferto el inmueble a sus actuales ocupantes y a
la Secretaría de Acción Social, por tanto es inviable el desalojo
mediante la figura de la INVASIÓN DE INMUEBLE, por tanto, mediante una
querella criminal promovida por el propietario han caratulado el
expediente como :”Maria Elena Cabrera Fleitas , José Domingo Rodríguez,
y otros s/ supuesto hecho punible de apropiación, extorsión, estafa, c/
la convivencia de las personas, perturbación de la paz publica,
asociación criminal y contra el órgano constitucional , coacción órganos
constitucionales” ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal a
cargo del Juez Leonardo Ledesma Zamudio, a cargo de la Agente Fiscal en
lo Penal Ab. Brigida Aguilar.
Se encuentran detenidas cuatro mujeres en la comisaría Nº 12 de
Asunción, ellas son MARIA ELENA CABRERA de 25 años de edad, madre y
cabeza de familia. AMADAGOMEZ ALIENTE, de 32 años de edad, con hijos
menores a su cargo; BERNARDA OBREGON GIMENEZ, de 55 años de edad y ANA
VENICIA ISASI de 56 años. Ellas deben comprar lo que van a comer, y
consultando en la Comisaría en que están detenidas, nos responden que
ellas no tienen orden de detención, sino que:
:- ESTÁNDEPOSITADAS POR LA FISCALÍA EN EL LUGAR.
En cuanto a los varones, se hallan todos ellos en la Sección de
Judiciales de la Policía Nacional, ellos son
SERGIO BENITEZ MAIDANA, RICHARD RENEGARCETE REYES, MANUEL ROTHELA
AUGUSTO, NAZARIO GONZALEZ SAMUDIO, JUAN ROBERTO ACOSTA OBREGON, GILBERTO
RAMON CACERES MONGELOS, Y DOMINGO LOPEZ.
Ellos tienen orden de detención emanada de la Agente Fiscal Brigida Aguilar.
Los detenidos han iniciado una huelga de hambre.
La querella alega INVASIÓN DE INMUEBLE, pero lo disfraza de estafa,
robo, coacción a órganos constitucionales, perturbación de la paz
pública y otros delitos anteriormente mencionados.
Desde el mes de septiembre la Agente Fiscal Brígida Aguilar, con la
Policía local, los habitantes consideran que tras este intento de
desalojo estaría un operador político de la Ministra de Acción Social,
de nombre RAFAEL GONZALEZ, la misma persona que estuvo involucrada en el
asalto a la comunidad CABLEVY de Lambaré en que fue asesinado un menor
de 4 años. En acuerdo con la Ministra de Acción Social y el Propietario
del terreno ocupado.
La resistencia popular es el medio que encontraron más idóneo para
resistir al desalojo, con el apoyo de habitantes de asentamientos
solidarios y organizaciones fraternas.
También se ejerce la defensa en el ámbito civil y el criminal, como se
redacta en este informe..
Se ha decidido continuar con la resistencia ante la falta de justicia en
el país.
Movilizaciones constantes para exigir al gobierno la regularización del
Asentamiento y la LIBERACIÓN DE LOS ONCE COMPAÑEROS DETENIDOS.
El Ministerio Público pretende intentar nuevamente el lunes 23 el
desalojo, por lo que las familias están concentradas y alerta en el
lugar se han organizado grupos de apoyo y presión a las autoridades
nacionales para lograr la libertad de los detenidos.
La vida de 135 familias, más de setecientas personas, que no tienen
donde vivir, y carecen de trabajo por lo que ni siquiera pueden acceder
a un sustento diario. Son familias que se encuentran bajo el nivel de
pobreza, además de la violencia física y sicológica que conlleva un
desalojo violento
