Origen: Costa Rica
En la calle y sin servicios básicos, panameños mantienen protesta ante CIDH
SAN JOSE, 22 Oct 2007 (AFP) – Cinco ciudadanos panameños cumplieron este lunes su séptimo día de protesta frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, para exigir el cumplimiento de un fallo dictado en 2001 contra el Estado panameño.
En medio de una pertinaz lluvia, Javier Muñoz, de 68 años, se encontraba al mediodía de este lunes ‘crucificado’ en una cruz de madera en la acera de la entrada principal de la Corte, en la zona este de la capital.
“Esto simboliza que entrar a esta Corte, que se supone es para defender los derechos humanos, es un calvario y que sus magistrados, en el caso nuestro, parecen estar al servicio del Estado panameño que violó nuestros derechos”, dijo a la AFP Erick González, portavoz del grupo.
González (48) y Muñoz, junto a Rodolfo Vence (50), Luis Miranda (54) y Rubén Guevara (50), iniciaron la protesta el martes de la semana anterior.
Hasta ahora ningún portavoz de la Corte, cuyos magistrados se encontraban la semana anterior sesionando en Bogotá, Colombia, se refirió a la protesta de los panameños.
El jueves pasado, dos de los panameños, que se habían encadenado a la puerta principal de la sede fueron sacados a la fuerza por grupos privados de seguridad.
Ahora los ciudadanos realizan su protesta desde la acera. No tienen acceso al agua potable ni a servicios sanitarios y deben cocinar sus alimentos en un improvisado fogón hecho con bloques de construcción.
En las noches los cinco se turnan para utilizar una única colchoneta, en la que duermen debajo de un toldo de plástico.
“Ya casi no nos quedan alimentos. Estamos pidiendo la ayuda de sindicatos y organizaciones costarricenses para seguir adelante. De aquí no saldremos hasta que se nos resuelva el caso”, señaló González, quien al igual que el resto de sus compañeros, tiene cinco día de no cambiarse de ropa ni ducharse.
El grupo pidió al presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias, a la Premio Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú y a la salvadoreña de la Federación Luterana, Celia Medrano, que medien para que sus demandas sean cumplidas.
Los panameños son parte de un grupo del privatizado Instituto de Recursos Hidráulicos y Eléctricos (IRHE) de Panamá que en diciembre de 1990, un año después de la invasión militar norteamericana, participaron en una manifestación, y el gobierno de Guillermo Endara los acusó de ser cómplices de una supuesta asonada militar.
La CIDH acogió su caso y en 2001 falló a favor de los trabajadores, condenando al Estado de Panamá a indemnizarlos, brindarles trabajo y todos los derechos sociales, pero las personas que realizan la protesta afirman que ello no se cumplió en todos los casos.
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