“Estamos en el punto de mira del
sicariado judicial y del sicariado armado. Nuestras vidas penden de un
hilo.” Dramáticamente premonitorias suenan ahora estas palabras
pronunciadas por Berta Cáceres en esta entrevista concedida al Il Manifesto.
Berta, feminista y coordinadora Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh),
organización que ella misma contribuyó a fundar en 1993, fue asesinada el
pasado miércoles por dos hombres armados. En la conversación que a continuación
se reproduce se dibujan los perfiles del delito anunciado. Un crimen de Estado.
¿En qué consiste la
actividad del Copinh?
La nuestra es una organización indígena
de lucha territorial que busca construir un proceso de emancipación tendente a
desmontar las múltiples formas de la dominación: el capitalismo, el
patriarcado, el racismo. Luego del golpe contra Zelaya, tuvimos que afrontar
grandes riesgos y dificultades, perdimos muchas vidas, pero de todas las
desgracias que han golpeado y siguen golpeando al pueblo hondureño hemos
extraído varias lecciones, buscando sacar fuerza de flaqueza. Hoy nos
sentimos diversas y diversos, más unidos y organizados, capaces de mayor
articulación. Hemos capitalizado el trabajo de más de 21 años. Hoy el Copinh
reagrupa 200 comunidades Lenca, poblaciones nativas que están organizando la
resistencia por la defensa de sus territorios ancestrales.
¿Cuál es la situación
ahora?
Somos un enclave del colonialismo desde hace
500 años, y la situación empeora cada vez más. Somos víctimas de un modelo
energético totalmente depredador, que socava los derechos colectivos y viola
constantemente los derechos humanos. El 30% del territorio hondureño ha sido
cedido a las transnacionales mineras e hidroeléctricas. Hay más de 300 empresas
ilegales que prosperan en la corrupción imperante y sin el consenso de las
poblaciones. La conflictividad es alta. En Honduras se halla la base militar
gringa más grande de la región, y la militarización ha crecido todavía más
luego del golpe de Estado en 2009: sobre todo en la región mosquipa, una zona
inmensamente rica de Honduras, territorio que comprende cuatro pueblos
originarios. Un lugar custodio de muchas riquezas hídricas, petróleo y
biodiversidad. Dicen que en Honduras no hay petróleo, pero sí lo hay. Razón por
la cual se ha concedido gran parte de la plataforma marítima y territorial de
la región mosquipa a la transnacional British Gas Group. La ley de pesca y
acuicultura permitirá, además, la concesión del mar a las grandes empresas.
Honduras es un caso de manual en lo que hace a la cesión de la soberanía a las
transnacionales y a las bases militares gringas. Y se ha entregado el país a un
fenómeno inédito hasta hace pocos años y muy poco conocido: el de las Zonas de
Desarrollo Económico Especial: zonas francas, a modo de ciudades modelo para el
capitalismo. Un megaproyecto decidido por decreto legislativo y ejecutivo,
contra la fuerte oposición territorial y jurídica. Pero también el poder
jurídico ha cedido, dando vida a un proceso de transnacionalización, único en
su género, que implica un gobierno autónomo y sin controles para estas zonas
que, sin embargo, se hallan en el seno mismísimo del país. El capitalismo tiene
la desfachatez de llamar a eso “autonomía de la ciudad libertaria”;
se trata en realidad de un estado dentro del estado en el que rige la
terciariarización de la justicia e imperan a sus anchas un ejército casi
privado, leyes propias para reprimir la inmigración y un trabajo sobre explotado
carente de todo derecho. Por eso hay rapiña de territorios. Hay ya 12
“ciudades modelo” de este tipo, de carácter minero o energético. Una
gran inversión financiera, y un paraíso fiscal para lavar el dinero sucio del
narcotráfico. Asistimos en estos últimos años a una ola de violencia sin
precedentes: una violencia estructural, planificada para sembrar el terror y
militarizar la sociedad. Honduras tiene el más alto índice de homicidios del
mundo: 89 por cada 100.000 habitantes, más que los países en donde hay conflictos
armados. Una carnicería humana sobre todo de los jóvenes. A causa del hambre y
de la miseria, cerca de 60.000 personas emigran cada año. Las políticas
migratorias son inhumanas, sobre todo para las mujeres, que emprenden viajes en
pos de la muerte, o hacia un destino de discriminación y violencia.
Los movimientos sociales
e indígenas se han organizado también con el Partido Libre. ¿Qué ha cambiado
después de las últimas elecciones?
Haber constituido un partido de
izquierda es una cosa positiva desde luego. Libre ha conseguido hacer entrar en
el Congreso a una treintena de diputados, a pesar de los botes de violencia que
hemos padecido. Con todo y con eso, hay que decir que esto ha sustraído
energías a la resistencia territorial. Y sin embargo, la oligarquía, los
poderes reales en Honduras y los hilos que nos manejan desde fuera son tan
agresivos, que no toleran la menor iniciativa de cambio verdadero. La máquina
electoral está completamente bajo su control. En este panorama, nosotros
continuamos la resistencia territorial, cultural, autónoma, a partir de las
visiones de los pueblos indígenas. Avanzamos propuestas refundacionales, no por
decreto, sino a través del desafío cotidiano para humanizar la sociedad
hondureña, para organizar la revuelta, para defender nuestra identidad
libertaria. Un desafío difícil: hay mucha resistencia, pero también un panorama
general desolador que no deja entrever cambios a corto plazo. Unamos nuestra
lucha a la de los otros pueblos de América en el marco del Alba, la Alianza
para los pueblo de nuestra América que puesto sobre la escena una nueva fuerza
propositiva y solidaria, que ha alimentado la reflexión internacional de los
movimientos. La perspectiva del Copinh no es sólo nacional, sino global, y se
alimenta de la solidaridad y de las luchas de los otros pueblos de nuestra
América: del venezolano, del cubano, del boliviano, del ecuatoriano, del
nicaragüense. Los sentimos vecinos, y esto nos da mucha fuerza para resistir a
la criminalización y a la brutalidad a que estamos sometidos. Estamos bajo el
fuego del sicariato judicial, que nos persigue con procesos injustos, y de los
asesinos armados a sueldo de la oligarquía y de las transnacionales. Hay muchos
presos políticos y muchos procesados. Pero terminar en la cárcel es lo menos
grave que te puede pasar. Hace poco sabotearon el automóvil en que viajábamos,
han amenazado a mi familia. No hay Estado de Derecho en Honduras: no hay día
sin acoso.
El Copinh ha participado
en los encuentros organizados por el papa Bergoglio. ¿Con qué
expectativas?
Las invitaciones del papa Francisco han sido
un hecho histórico, un gran paso de apertura que ha fastidiado incluso a las
altas jerarquías eclesiásticas. Los movimientos siempre han dado su apoyo a la
parte más avanzada de la iglesia, y el papa Francisco nos ha ayudado a ir más
lejos. Pero conviene tener presente siempre la función nefasta que la iglesia
ha tenido en la opresión colonial. No olvidemos en Honduras al cardenal que ha
apoyado el golpe de Estado y a los que han apoyado a la dictadura. Si la
iglesia toma una iniciativa, tiene que ser consecuente, sostener de verdad las
luchas sociales y las luchas por la justicia, por los derechos de las mujeres
frente al patriarcado y los fundamentalismos y a favor de la defensa de la
diversidad. No queremos ir a remolque de la iglesia.
