Por el respeto a los derechos de las comunidades Quilombolas de Alcántara!

Las organizaciones internacionales de DDHH y de lucha contra la pobreza: COHRE (Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos) y Social Watch, y la organización brasileña Centro de Justiça Global y deseamos por medio de esta Declaración Conjunta reafirmar nuestra solidaridad plena y nuestro fuerte compromiso con la lucha de las comunidades quilombolas de Brasil, en especial con las del Municipio de Alcântara, Estado de Maranhão, Brasil.

Las 153 comunidades remanentes de quilombos de Alcântara que tradicionalmente han venido ocupando este importante territorio étnico de Brasil, están llevando a cabo una penosa lucha para garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales y contra la violación principalmente del Derecho a la vivienda adecuada y del Derecho de libre determinación de los pueblos.

Desde 1984, cuando se implantó el CLA (Centro de Lanzamientos de Alcântara) en el municipio, 312 familias, pertenecientes a 32 comunidades tradicionales han sido desplazadas y reasentadas en las llamadas Agrovilas . Estos asentamientos no se adecuan en absoluto a las necesidades básicas de sobrevivencia, ni culturales, de estas poblaciones, dado que las tierras otorgadas ni siquiera son fértiles, cuanto más si se considera que las comunidades afectadas por el realojo eran comunidades costeñas, y su principal fuente de recursos era la pesca.

Además de afectar el acceso a fuentes productivas, estas comunidades vieron fuertemente restringido su acceso al agua. En la actualidad tienen que pagar para acceder a esta bien básico, cuando antes de la instalación del CLA tenían acceso gratuito e indiscriminado.

Desde su realojo, estas comunidades nunca recibieron títulos de propiedad de la tierras hasta la fecha y para cualquier reforma o ampliación de sus casas necesitan autorización especial del CLA.

La consecuencia social directa de la relocalización de estas comunidades fue la ruptura del tejido social hasta entonces armonioso y que históricamente había garantizado la sobrevivencia de las comunidades remanentes de quilombos en el Municipio de Alcântara. Tales interrelaciones sociales se asientan sobre bases de relaciones de parentesco y solidaridad, además del uso comunitario de la tierra y de los recursos naturales. Estas relaciones económicas y territoriales se diferencia completamente de los padrones de consumo y de propiedad.

Es importante resaltar que las comunidades realojadas están enfrentando actualmente problemas sociales antes inexistentes tales como embarazo precoz en adolescentes, prostitución de jóvenes y problemas de drogas; hechos que las comunidades testimoniaron durante la audiencia pública como relacionados directamente con la relocalización.

Actualmente, y sin existir una evaluación de las medidas implementadas hasta ahora (donde las comunidades hayan tenido el derecho a ser escuchadas o participación), ya se programaron nuevos casos de relocalización de comunidades quilombolas para atender al proceso de expansión de la Base que ocupa casi 55% del territorio del municipio.

Del 29 de mayo al 12 de junio se llevó a cabo en Brasil la misión oficial del Relator Especial de la ONU sobre Vivienda adecuada, el Sr. Miloon Kothari. La oficina del Relator Nacional por el Derecho a la Vivienda Adecuada, Sr. Nelson Saule, en conjunto con la sociedad civil y ONGs programaron una visita del Sr. Kothari a las comunidades de Alcântara, específicamente a las comunidades de Marudá, comunidad originalmente desplazada y actualmente reasentada en una agrovila; y a la comunidad de Mamuna, actualmente amenazada por el reasentamiento.

En ocasión de la visita se realizó una audiencia pública en la que participaron los relatores, representantes de diversas comunidades quilombolas, sociedad civil, representantes de COHRE, del Centro de Justiça Global y de Social Watch. No hubo participación oficial en la audiencia de representantes de las entidades gubernamentales a pesar de haber sido previamente invitados.

Durante la visita a las comunidades de Marudá y Mamuna, así como en la audiencia pública en Alcântara, quedo de manifiesto que el reasentamiento de las comunidades no trajo los beneficios prometidos en su momento y que por el contrario, éste devino en un aumento de las violaciones de derechos cometidos contra estas poblaciones.

El Relator Especial de la ONU, Sr. Miloon Kothari y el Relator Nacional por el Derecho a la Vivienda Adecuada, Sr. Nelson Saule, fueron plenamente solidarios con las reivindicaciones de las comunidades y expresaron públicamente que cualquier nuevo reasentamiento debe ser hecho de acuerdo con las Leyes Internacionales sobre DDHH y con el debido consentimiento de las comunidades en cuestión.

De esta manera, las organizaciones que firman esta Declaración destinada a la sociedad civil nacional e internacional y al Gobierno Brasilero, tienen como objetivo revertir este cuadro de violaciones y evitar que nuevos reasentamientos reproduzcan el mismo cuadro social ya constatado en las comunidades quilombolas realojadas, y solicitan:

1) Que las comunidades ya reasentadas vean consideradas y atendidas sus
reivindicaciones de provisión de vivienda y tierra adecuada para vivir y trabajar; acceso a educación de calidad, servicios de transporte público; acceso a agua potable y saneamiento. Que sean evitadas más violaciones de los derechos de estas comunidades, ya privadas de condiciones de vivienda y ciudadanía adecuadas y que en consecuencia se garantice el cumplimiento de sus derechos humanos tal como está estipulado en los instrumentos fundamentales de DDHH y en las leyes nacionales de Brasil.

2) Que las comunidades que están amenazadas de ser reasentadas debido a
proyectos de expansión de la base, sean ampliamente consultadas y que las relocalizaciones sean suspendidos hasta encontrar soluciones consensuadas y adecuadas de vivienda, trabajo y ciudadanía de estas poblaciones. Mientras tanto, que éstas puedan beneficiarse de políticas sociales que persigan el mejoramiento de la calidad de vida y acceso a servicios básicos y asistenciales.

Solicitamos a todas instituciones miembros y amigas de COHRE, Centro de Justiça Global y Social Watch que envíen su apoyo a esta Declaración mediante mensajes a las direcciones abajo indicadas en un formato de e-mail simple con el nombre de la entidad, del representante e una frase corta de apoyo a esta declaración.

A partir de estas demostraciones de apoyo, nuestras organizaciones compilarán una carta abierta de la sociedad civil dirigida al Gobierno de Brasil solicitando no escatimar esfuerzos para adoptar las medidas necesarias para cumplir con todas las observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU, Sr. Miloon Kothari relativas a la cuestión de Alcântara y para garantizar que las comunidades remanentes de quilombos afectadas por el CLA reciban toda la atención que el caso merece tanto proveniente del ámbito federal, estadual y municipal.

Desde ya les agradecemos a todos nuestros compañeros y amigos por la atención prestada.

COHRECentro de Justiça GlobalSocial Watch

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