El
pasado jueves 17 de mayo HIC organizó junto al Observatori DESC, y la Plataforma Global para el
Derecho a la Ciudad la segunda sesión de la Conferencia Internacional sobre
el Derecho a la ciudad, celebrada en la
Lleialtat Santsença. La Conferencia se estructuró alrededor de la subida de precios del
alquiler, su impacto sobre el derecho a la ciudad y una vivienda digna y
asequible, así como los mecanismos y experiencias que pueden revertir esta
crisis habitacional que sufrimos tanto en el Norte como en el Sur Global.
A
continuación un breve resumen de las intervenciones:
Grischa
Dallmer, del Sindicato
de Inquilinos de Berlín Berliner MieterGemeinschaft e.V, introdujo la
crisis habitacional de la capital berlinesa, donde desde 2007 hay una escasez
de vivienda y un incremento progresivo de los precios de alquiler. “El cambio
fue tan rápido, que la gente se despertó”, dice el activista en referencia a la
gran movilización que ha servido también para reflexionar sobre otros ámbitos
sociales como la solidaridad con los refugiados. Ante esta situación, el
gobierno alemán aprobó el ‘Mietpreisbremse’ (literalmente, freno al precio del
alquiler) en 2015, pero ¿ha funcionado? Como freno de precios no, porque no ha
conseguido detenerlos y porque es un reflejo del mercado que legitima las
subidas de precios, dijo el alemán. Además, explica que no ha sido tan eficaz
como se pensaba en un principio porque la ley permite un 10% de incremento
sobre el precio del alquiler, por el número de excepciones y porque al final es
el inquilino quien debe preguntar al propietario cuanto pagaban los anteriores
inquilinos. Así, en una ciudad donde encontrar piso es una odisea, no es fácil
encontrar el coraje para preguntar y denunciar a quien será tu futuro casero.
Ante la necesidad de buscar alternativas, Grischa explica que desde la sociedad
civil en Berlín se reclama el aumento del parque público de vivienda desde una iniciativa visionaria en que las
entidades comunales y las empresas privadas se unen para construir y gestionar
las viviendas. En sus propias palabras, “que la ciudad se construya a sí misma
para todos los ciudadanos”.
Ian Brossat,Teniente Alcalde Responsable de vivienda del Ayuntamiento de París,
también compartió su experiencia ante la escasez de vivienda y la subida
monstruosa de los precios de alquiler. Explicó que la primera línea de
actuación fue el aumento del parque público de vivienda que pasó del 13% al 21%
entre 2001 y 2018, gracias al compromiso de todas las fuerzas de izquierdas del
Ayuntamiento. Este incremento vertiginoso fue en gran medida consecuencia de
obligar a destinar el 30% del suelo construido por los promotores en vivienda
social, una propuesta impulsada también en Barcelona por el Observatori DESC, la PAH y el Sindicato de Inquilinos, entre
otros, y aprobado por la mayoría de grupos municipales en el Ayuntamiento de
Barcelona. Por mucho que se aumentó la oferta de viviendas en París, los
precios siguieron subiendo, haciendo evidente la necesidad de crear un
mecanismo de control de los precios, pues “si no hay acción de los poderes
públicos sobre el mercado, los precios suben y las ciudades dejan de ser
habitables”. Así, durante el mandato de Fraçois Hollande, se aprobó una
regulación “muy prudente, pues se podría haber imaginado una ley que pusiera en
cuestión los propios precios del mercado”, No obstante, después de años y años con
incrementos continuados, entre el 2015 y el 2017 los alquileres se estabilizaron, demostrando que
la regulación de precios puede alcanzar su objetivo, incluso cuando es un reflejo
del mercado. Desafortunadamente, la medida se encuentra actualmente suspendida
por la presión del sector privado y hasta el próximo otoño no se espera volver
a contar con un instrumento similar en vigor.
Con perspectiva barcelonesa, Anna Vergès, del Observatori
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, fue muy clara ante la pregunta de
qué medidas hacen falta para contrarrestar la subida de precios: “el
Observatorio es en sí una medida, pues lo que no se mide, empeora”. En este
sentido, el órgano, creado en 2017 y de la que forman parte el Ayuntamiento de Barcelona, l’Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat, ha sido capaz de
dibujar con claridad los contornos de la problemática de la vivienda con datos
concretos, como que el 16% de la población en Barcelona vive con un sobrecoste
de la vivienda igual o superior al 40%. Vergès también hizo valoraciones relativas
al nuevo índice de referencia de precios de alquiler que gestiona la Agencia de
Vivienda de Cataluña, recordando que es muy diferente diseñar índices para frenar
un mercado que indicadores para reflejarlo.
En el cierre de la conferencia, Irene Sabaté, del Sindicato de Inquilinos de
Barcelona, puso en contexto la situación de los alquileres en Barcelona, un
‘tomas o lo dejas’ llegados a la renovación del contrato, en contraposición a
la legislación de países más protectores como Francia o Alemania. En cuanto al
control de precios, dijo que actualmente sigue siendo un tabú y que,
curiosamente, en un país donde tenemos muy asumido que el precio de las
medicinas debe estar regulado, no pase lo mismo con la vivienda. En referencia
a los argumentos contrarios al control sobre precios, comentó que estos no son
ni científicos ni empíricos, como los suyos, pues al final se trata de decidir
qué función prima sobre la vivienda, la especulativa o la social. Además,
explicó que no hay evidencias que demuestren que la oferta disminuye al
regularse el mercado y, sin embargo, sí ocurre en el caso contrario. Por
ejemplo, en la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que llevaba
por título “medidas para la flexibilización y fomento del mercado de alquiler
de viviendas”, no consiguió dicho objetivo. Por último, dijo que el índice
catalán es un reflejo del mercado, legitimando las subidas de precios. Por eso,
desde el Sindicato de Inquilinos proponen la inclusión de variables sociales
como el nivel de precariedad para determinar la renta.
La
segunda sesión de la Conferencia Internacional sobre el Derecho a la Ciudad
puso de relieve las experiencias y mecanismos de control en las ciudades de
París y Berlín, demostrando las dificultades jurídicas y políticas de poner
freno al mercado. En este sentido, fue interesante
observar como todos los participantes coincidieron en la necesidad de controlar
el mercado para garantizar el derecho a la vivienda, pero también en que por sí
sola, la medida aislada, es insuficiente.
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