Santurce no se vende!

Nosotros, los participantes en la Primera Cumbre de Comunidades en Peligro de ser Desplazadas, declaramos que nos oponemos a los procedimientos de expropiación y desalojo que están provocando la desintegración de comunidades a través de todo el país, y manifestamos nuestra aspiración a unas comunidades seguras, estables y solidarias, a la vez que exigimos que en aquellos procedimientos de expropiación y de desalojo que injustamente y en perjuicio de miles de puertorriqueñ@s, ya se están realizando, y sobre los cuales reiteramos nuestra oposición, el Estado asuma su responsabilidad hacia los perjudicados. Además, consignamos que:

1. La primera alternativa para todas las comunidades, antes de siquiera considerarse la expropiación, debe ser la revitalización de la misma, con la participación de l@s residentes.

2. El Estado sólo puede ejercer su poder de expropiación, cuando el fin que se persigue sea el bienestar común, de forma especial el bienestar de la comunidad afectada por la expropiación, y nunca para favorecer intereses económicos privilegiados.

3. No puede ser considerado como un uso o utilidad pública para fines de justificar una expropiación, la transferencia del bien expropiado a un interés privado que busque su lucro particular.

4. La expropiación o desalojo de una comunidad sólo debe proceder cuando sea absolutamente indispensable para la protección de sus residentes ante amenazas a su seguridad, proveyendo la garantía de reubicación en vivienda segura y digna, y sin que se permitan desarrollos posteriores en el lugar señalado como inseguro.

5. En todo proyecto de desplazamiento de una comunidad, sea por expropiación, desalojo u otro, el Estado vendrá obligado a garantizar a los ciudadanos, de ser esa su opción, la reubicación en la comunidad de la que fueron desplazados, o en las áreas circundantes, sin que ello represente para l@s residente expropiad@s tener que asumir el aumento en costo de la propiedad.

6. Los procedimientos de expropiación o desalojo deben realizarse desde su comienzo de forma legal, pero sobre todo justa, equitativa y digna, respetando la integridad de las personas y sus comunidades, garantizando la participación continua y activa de todos los residentes.

7. Cualquier plan de expropiación, desalojo, o realojo deberár especial consideración a las necesidades de los niñ@s, los envejecientes, las personas con impedimentos con impedimentos y todos los sectores especialmente vulnerables. Ninguna expropiación deberá lesionar los derechos y el bienestar de algún miembro de la comunidad.

8. Cuando se haya decretado la expropiación o desalojo de una comunidad, el Estado garantizará la seguridad de los ciudadanos a ser desplazados brindando protección a aquellos espacios o edificios que hayan sido desocupados, y absteniéndose de intervenciones tales como demoliciones o construcciones que constituyan un peligro para los residentes que permanezcan en la comunidad.

9. El Estado debe reconocer que el desplazamiento de las comunidades afecta, no solamente a los propietarios contra los que se ejerce el poder de expropiación, sino también a los inquilinos que se ven obligados a dejar el lugar en el que viven, y en consecuencia proveer para el realojo en una vivienda adecuada.

10. El Estado debe adoptar una política de apertura y no de secretividad, proveyendo información sobre los planes para futuras expropiaciones y otras formas de desalojo.

11. Rechazamos la injusticia adicional que representan las fórmulas que se utilizan para determinar la indemnización a pagar a las personas expropiadas.

Las comunidades aquí representadas expresan su mutua solidaridad, declaran su intención de unir esfuerzos, denuncian el desarrollo de una política concertada para desplazar comunidades en todo el país, y se comprometen con la formulación de alternativas de desarrollo y de estrategias compartidas para el fortalecimiento de nuestras comunidades.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2005.

ATENCION A TODOS LOS CIUDADANOS Y VECINOS

En días recientes el Departamento de Vivienda y sus contratistas han desatado una serie de acciones ilegales para intimidar a los residentes que aún quedamos en nuestro barrio. Estamos organizados para combatir estas acciones que atentan contra nuestra seguridad, integridad y dignidad. Defenderemos nuestro barrio por todos los medios necesarios. Tenemos el derecho al disfrute de nuestro entorno y estamos trabajando para proponer un proyecto alterno de reconstrucción de nuestro barrio y así darle al país una solución de real revitalización de la ciudad en donde haya espacio para todos por igual, sin discrimen.

A continuación el último comunicado de prensa donde denunciamos estos hechos. Les invitamos a visitarnos en el Museo del Barrio en la calle Candelaria 346 desde donde se está llevando a cabo la vigilancia de nuestro barrio las 24 horas. Puedes colaborar con tiempo, recursos o dinero para sostener nuestro trabajo. Más información 787 233-7056.

Comunicado de Prensa

13 de junio de 2005

La Junta de Acción Comunitaria San Mateo de los Cangrejos y los vecinos del Barrio San Mateo queremos dar a conocer a la prensa del país y a toda la ciudadanía nuestra situación urgente y precaria ante el plan abusivo de desalojo. Hacemos una denuncia pública de que estamos enfrentando un proceso insensible e insensato de expropiación forzosa por parte del Departamento de la Vivienda debido al “Proyecto de Revitalización de Santurce” que establece precedentes nefastos para todo ciudadano dueño o inquilino en Puerto Rico.

Denunciamos además que durante este proceso el Departamento de Vivienda, su Secretario y todos los empleados asignados a ejecutar el desalojo forzoso, han faltado a la verdad en todos los foros, vistas públicas y a la prensa del país, han obstaculizado los procesos judiciales, han desamparado a nuestros envejecientes e impedidos y han violado los derechos a nuestra propiedad y a la paz y dignidad que garantiza constitucionalmente nuestra democracia.

Nosotros, como buenos ciudadanos respetuosos de la ley y los debidos procesos, recurrimos a los foros correspondientes a un sistema democrático – a la Legislatura, a los Tribunales, a diversas agencias de gobierno entre estas el Departamento de Vivienda, la Junta de Planificación, a instituciones tales como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados y al Gobernador Anibal Acevedo Vilá para llevarles nuestros reclamos y para solicitar la intervención que les corresponde a cada uno.

El silencio y la falta de discusión seria de esta situación que altera totalmente la visión y misión del Gobierno de proteger a sus ciudadanos convirtiéndolo en un agente de bienes y raíces que expropia a los ciudadanos indefensos para darle sus terrenos a los proyectistas que solamente ven en Santurce una brillante oportunidad de aumentar sus riquezas donde habrán de vender las viviendas a construirse sobre los $300,000, fuera del alcance de los desplazados y de la mayoría de los puertorriqueños.

Nosotros, los residentes del Barrio San Mateo, denunciamos hoy ante la prensa hechos lamentables que ponen en riesgo las bases de nuestro sistema democrático y priva a los más vulnerables de la posibilidad de mejorar su calidad de vida, lo cual es contrario a lo que profesan las instituciones de nuestro país:

1. Que sin haberse resuelto los casos en los tribunales, el Departamento de Vivienda ha continuado presionando indebidamente a los residentes para forzarlos a salir de sus casas y su barrio violando nuestro derecho a procesos justos.

a. En primer lugar, esperamos que el Tribunal resuelva el caso del Municipio de San Juan contra el Departamento de Vivienda Civil Num. KPE 03-2442 en donde el gobierno de la capital reclama sus amplios derechos y prerrogativas al amparo del Plan de Ordenación Territorial y la Ley de Municipios Autónomos. El Juez Dávila Suliveres tiene este caso prácticamente detenido.
b. En segundo lugar, esperamos que se atienda la demanda radicada por los vecinos y la Junta de Acción Comunitaria San Mateo de los Cangrejos, Civil Num. KAC 204-4710 (905), en el Tribunal de Primera Instancia en julio del 2004 para determinar la constitucionalidad de la ley 201 del 2002. La Lcda. Giovanna García del Departamento de Justicia está obstruyendo el caso pues hasta hoy no ha sometido la Contestacióin a los Interrogatorios, la Producción de Documentos, ni los requerimientos de Admisiones. Sin embargo, pretende disfrutar del privilegio de recibir de nuestra parte, los demandantes, toda la información por ellos requerida.

2. Que el Departamento de Vivienda por medio de un contrato con Fullana Heavyworks Corp. Inicio sin los permisos requeridos la destrucción de casas en la calle Iglesias. Vandalizaron casas seguras arrancando ventanas y puertas, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos como método de intimidación. Han establecido un negocio lucrativo con las puertas y ventanas de las casa de nuestro barrio. Al querellarnos con la Oficina de Urbanismo del Municipio de San Juan, supimos que esta compañía no cuenta con los permisos necesarios. Aún ante este hecho al día siguiente continuaron saquendo las casas que estaban intactas y seguras.

3. Que empleados de Vivienda y sus contratistas amenzan a los residentes con el inminente inicio de la demolición de las casas aledañas a aquéllas donde aún vive gente sin tan siquiera contar con los permisos y los estudios para determinar la presencia de asbestos y plomo.

4. Que el DV le ha provisto a los desarrolladores de Ciudadela las facilidades para establecer un cuartel de seguridad privado en una de las residencias expropiadas desde donde operan guardias en una vigilancia de 24 horas a la pared que sirvió de expresión pública de los residentes del barrio. Estos guardias, además, velan y siguen de manera intimidante a las personas y las actividades de los que trabajamos en defensa del barrio y de los derechos de los residentes.

5. Que los desarrolladores de Ciudadela están gestionando permisos para cerrar el tránsito de la calle Antonsanti para convertirla en una entrada exclusiva de sus camiones. Esta acción pretende hacer imposible la vida de los residentes del Barrio San Mateo pues interrumpe nuestra vida diaria y pone en peligro nuestra seguridad.

6. Que sin concluir la investigación iniciada por la Comisión de Vivienda del Senado presidida por el senador Carlos Díaz, sobre la posible violación a la Carta de Derechos de los Envejecientes, representantes del DV continúan la práctica de confundir e intimidar acosando contínuamente a nuestros envejecientes. Más aún, obstaculizando dicha investigación, el DV no ha hecho entrega de la información solicitada por el Senador Carlos Díaz y por la Senadora María de Lourdes Santiago sobre los detalles de los precios de compra de las propiedades y los procesos.

a. En el caso de Don Gilberto Serrano, de 92 años la agente de bienes y raíces Crucita Salgado, quien colabora con Vivienda, le vendió una estructura inservible por $60,000 sin solar. El Secretario del DV dijo públicamente y en las vista investigativas antes mencionadas estar ayudando al señor Serrano a habilitarla. Al día de hoy la casa continúa sin techo, sin puertas o ventanas, sin cocina o baños, sin electricidad. El DV intervino también en la querella que ßerrano radicara en la Oficina de Asuntos de la Vejez alegando que ellos no tienen responsabilidad de habilitar su casa pues fue decisión de Serrano comprara la misma.
b. En el caso de Don Meinardo Cabrera, de 81 años, esta misma persona, Crucita Salgado, lo instó y asistió a que renunciara a su representación legal pues ella y el DV lo iban a ayudar y no era necesario un abogado. Sin asistencia de abogado o asesoramiento alguno, el 2 de junio de 2005 Don Meinardo fue despojado de $3,000.00 para opcionar una casa por medio de un cuestionable contrato donde de no completarse la transacción Don Meinardo pierde todo su dinero.

Emplazamos a Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico a que tome nota de las violaciones de los derechos de nuestros envejecientes e impedidos y de todos los residentes de San Mateo. Especialmente cuando vemos que estas prácticas se están replicando en otras comunidades en toda la Isla. Emplazamos al Colegio de Abogados a que se exprese sobre los desalojos del Barrio San Mateo y de tantas otras comunidades que están siendo afectadas por una nueva política pública de expropiar sin un fin público real que no sea el del lucro de los especuladores, la banca y los desarrolladores privados. Emplazamos a la legislatura y la Comisión de Vivienda presidida por el Senador Carlos Díaz a que concluya la investigación que inició y que revisen las leyes que otorgan el poder de expropiación absoluto al DV quien lo ha aplicado de manera insensible y abusiva, en crasa violación de los derechos de los ciudadanos y de los de edad avanzada.

Nosotros, las familias que resistimos salir de nuestro barrio, estamos en espera de que se atiendan nuestros reclamos y a que se culminen los procesos que se han iniciado. Algo anda bien mal en Puerto Rico cuando a vista y paciencia de todos, el Gobierno ha incurrido en prácticas antidemocráticas burlando todos los procesos justos, violando a su conveniencia las leyes.