Enfrentando el cambio climático a través de los Derechos Humanos relativos al Hábitat y el Derecho a la Ciudad

Descargue la Declaración de HIC en la COP 25

Nosotrxs, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales unimos fuerzas para incidir en lxs delegadxs de la COP25 para que finalmente cumplan sus compromisos para abordar las causas y consecuencias del cambio climático, financiando e implementando políticas que pongan a las personas en el centro y adopten los Derechos Humanos relativos al Hábitat y el Derecho a la Ciudad, luchando por un futuro con cero emisiones y sin desalojos forzados desde ahora mismo. Estamos comprometidxs a implementar este enfoque alternativo que resiste el modelo neoliberal dominante.

Frente al inmovilismo de las autoridades públicas, la sociedad civil ha construido un nuevo impulso de movilizaciones por la justicia climática en todo el mundo, esta vez lideradas por juventudes. Este movimiento no sólo nos recuerda que es necesaria una acción inmediata, sino también que las respuestas a esta situación no pueden ser consideradas sin la participación y el liderazgo de la sociedad civil.

Vemos con gran preocupación la reciente decisión de trasladar la COP25 de Santiago (Chile) a Madrid (España), sin modificar la fecha original. Este cambio ha puesto en peligro la participación de la sociedad civil, mientras refuerza la tendencia a la concentración de tales eventos internacionales en el norte global a expensas de las movilizaciones en todo el mundo por igualdad y justicia. Expresamos nuestra solidaridad con lxs chilenxs que han puesto mucho esfuerzo en llevar sus voces a la COP25 en Santiago y llamamos a apoyar y participar en la Cumbre de los Pueblos[1] y la Cumbre Social por la Acción Climática[2] en Chile y en Madrid[3].

Enfoque de Derechos Humanos relativos al Hábitat y Derecho a la Ciudad

Toda estrategia o programa concebida para luchar contra el cambio climático debe ajustarse al marco normativo de derechos humanos, reconocer la indivisibilidad de esos derechos y centrar la atención en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Este enfoque integral es esencial para abordar las causas estructurales de la crisis climática, así como la responsabilidad de las violaciones, con medidas preventivas y correctivas para garantizar que las comunidades urbanas y rurales logren su bienestar con respecto y protección a los ecosistemas en los que viven. Para esto, es urgente transformar el actual modelo económico neoliberal basado en la especulación inmobiliaria, el extractivismo y los combustibles fósiles, alejándose del actual enfoque de producción y consumo insostenible y buscando el equilibrio con los ecosistemas naturales; visibilizar y regular y controlar estrictamente las industrias y prácticas contaminante; dialogar con los sindicatos y el movimiento de decrecimiento y promover la justicia ambiental. Además, es urgente fortalecer los procesos de investigación, contribuyendo a generar conocimiento coproducido que reúna perspectivas científicas y de base social para la creación de alternativas ecológicas constructivas que puedan ser implementadas en ciudades y áreas rurales.

El enfoque del Derecho a la Ciudad[4]. tiene mucho que ofrecer en este sentido, debido a su compromiso con un paradigma de desarrollo económico y urbano que se centra en la justicia, la inclusión y la diversidad. Teniendo en cuenta a todxs lxs habitantes y un enfoque territorial equilibrado desde el punto de vista ambiental que redistribuya los beneficios y las oportunidades, el Derecho a la Ciudad mejora los vínculos entre las zonas urbanas y rurales y fomenta patrones económicos más sostenibles e inclusivos, situando siempre la participación de las comunidades en el centro. Además, el Derecho a la Ciudad puede proporcionar un marco común para otras agendas globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, articulando sus diferentes elementos y proporcionando estrategias concretas para su implementación territorial, con especial atención a la lucha contra la exclusión social y espacial.

Gestión democrática de los bienes comunes y de las estrategias para abordar el cambio climático

Un enfoque de derechos humanos, de género e interseccionalidad es esencial para responder adecuadamente al cambio climático y proteger a lxs más vulnerables. Para ello, es imprescindible establecer una adecuada protección y regulación del territorio basada en los bienes comunes, para promover la gestión democrática de los recursos, las ciudades y la tierra. Además, es esencial la participación efectiva de lxs habitantes en todos los procesos de planificación, incluidos los de mitigación de los efectos del cambio climático. Es fundamental priorizar las prácticas y políticas que garanticen el derecho humano al agua, su protección y distribución equitativa en calidad y cantidad, así como el funcionamiento de los ecosistemas.

La función social de la tierra, la ciudad y la propiedad

La función social de cualquier cosa es su uso para el beneficio de la sociedad en general, dando prioridad a lxs que más lo necesitan. La función social de la tierra, la ciudad y la propiedad en el desarrollo de los asentamientos humanos es esencial para garantizar una distribución más equitativa de los beneficios de cualquier sistema económico, así como un enfoque más equilibrado y sostenible del desarrollo urbano y rural. La protección de la función social de la tierra, la ciudad y la propiedad implica asegurar los Derechos Humanos relativos al Hábitats de las personas empobrecidas proporcionando la seguridad de tenencia y vivienda adecuada, servicios básicos, infraestructura e instalaciones en todo tipo de asentamientos, formales e informales.

La restauración del medio ambiente en beneficio de la sociedad en general, dando prioridad a lxs más necesitadxs, es una obligación de los Estados y una oportunidad para que las comunidades locales creen alternativas de trabajo sostenibles y asuman la administración del medio ambiente en el que viven.

Participación política

Instamos a la participación efectiva (con voz y voto) de las comunidades locales en todas las estrategias y políticas de mitigación y adaptación para mejorar su la eficacia y recuperar los conocimientos, tecnologías y discursos ancestrales y locales bajo el proceso de la producción social del hábitat. Esta participación debe prestar especial atención a las propuestas procedentes de las necesidades de las mujeres, migrantes, personas con discapacidades, niñxs, juventudes y personas empobrecidas. La construcción de sociedades resistentes al clima comienza con la comprensión y la resolución enérgica de los problemas a los que se enfrentan las comunidades vulnerables.

Equidad, No discriminación y Especial Protección en Situaciones Vulnerables

Es fundamental abordar las desigualdades sociales, de género, económicas y territoriales. Tenemos que hacer frente a políticas autoritarias y neocoloniales y apoyar estrategias participativas e inclusivas, como la transferencia Norte-Sur y Sur-Sur de inversiones, conocimientos y tecnología; garantizar la igualdad de derechos de las mujeres a la tenencia de la tierra, la propiedad y la vivienda; y reconocer y fomentar los vínculos entre las zonas rurales y urbanas. Además, ante la migración debido a desastres naturales y otros eventos relacionados con el clima, es urgente adoptar un enfoque de ciudadanía inclusiva en el que todxs lxs habitantes sean consideradxs ciudadanxs y se les concedan los mismos derechos.

Las comunidades, de manera organizada y protagónica, deben ser capaces de mejorar sus propias viviendas, servicios, espacios públicos y espacios comunitarios, mediante la implementación de sistemas constructivos que utilicen materiales locales y técnicas de construcción tradicionales y sostenibles[5]. Esto debe hacerse para recuperar las identidades culturales, al mismo tiempo que se reducen drásticamente las emisiones de CO2 y el impacto medioambiental global.

También se debe adoptar un enfoque participativo bajo el liderazgo de las comunidades para abordar las pérdidas y los daños, evitar los desalojos forzados y realojar, como último recurso, a las comunidades afectadas por las consecuencias del cambio climático, como las sequías, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y el aumento del nivel del mar, al tiempo que se respetan las normas de derechos humanos a la vivienda, los servicios básicos, los derechos de lxs trabajadorxs, etcétera.

Una estrategia participativa e inclusiva para abordar el cambio climático no deja espacio para la criminalización o persecución de quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Nos solidarizamos con todxs lxs que luchan para proteger y defender nuestras comunidades y nuestro planeta.

Economías inclusivas y solidarias

El cambio climático es resultado de un modelo de producción y consumo que ha aumentado las desigualdades sociales y espaciales, ha puesto en peligro nuestros ecosistemas y ha excluido social y económicamente a muchxs. Además, algunas medidas de política climática han excluido a la población de bajos ingresos y están instrumentalizadas para el desarrollo de infraestructuras o la industria turística. Es vital reconocer y apoyar otras conceptualizaciones y prácticas de producir, consumir, trabajar, construir y vivir que ya se están llevando a cabo en todo el mundo, como las economías solidarias, la producción social del hábitat y los esquemas cooperativos de trabajo.

En este sentido, se debe promover la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación para enfrentar los escenarios climáticos, en los que se fortalezcan las capacidades de la población a través de prácticas agroecológicas como alternativas que permitan la producción de alimentos que son resilientes a la producción y consumo de alimentos. También debemos reconocer y apoyar al sector informal, como las iniciativas de reciclaje con recicladorxs informales, cuya contribución debe ser reconocida. También es esencial para el rescate y preservación de las especies nativas que se mantengan las prácticas y valores ancestrales en la provisión de alimentos nutritivos y saludables para las familias, de acuerdo a las propiedades y particularidades de cada territorio y bajo un esquema de circulación justa.

Hacemos un llamado urgente a lxs delegadxs de la COP25 para que pongan a las personas y el planeta en el centro de las agendas globales y adopten los Derechos Humanos relativos al Hábitat y el Derecho a la Ciudad para adoptar, financiar e implementar políticas consistentes para abordar el desafío del cambio climático global.

Por el derecho de todas las personas a un lugar seguro donde puedan vivir en paz, dignidad y armonía con la naturaleza, tanto las generaciones actuales como las futuras ».

 

 

 

[1] Cumbre de los Pueblos . Ver: https://cumbredelospueblos2019.org/

[2] Cumbre Social por la Acción Climática Ver: https://www.porlaaccionclimatica.cl/

[3] Ecologistas en Acción. Ver: https://www.ecologistasenaccion.org/131342/movilizacion-sin-precedentes-frente-a-la-cop25/

[4] El Derecho a la Ciudad es el derecho de todxs lxs habitantes, presentes y futurxs, permanentes y temporales,  a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, definidos como bienes comunes esenciales para una vida plena y decente. Para saber más sobre el Derecho a la Ciudad, consulte: https://www.right2city.org/es/el-derecho-a-la-ciudad/

[5] En este sentido, apoyamos la campaña y declaración sobre el uso de materiales naturales locales desde el punto de vista de la reducción de CO2, entre otros, producida por organizaciones miembros de HIC en América Latina. Esta campaña insta a la visibilización de los beneficios de dichos materiales y la necesidad de apoyar las iniciativas que los utilizan en lugar de impedirlos y criminalizarlos.

 

[1] Peoples’ Summit. See: https://cumbredelospueblos2019.org/

[2] Social Summit for Climate Action. See: https://www.porlaaccionclimatica.cl/

[3] Ecologists in Action. See: https://www.ecologistasenaccion.org/131342/movilizacion-sin-precedentes-frente-a-la-cop25/

[4] The Right to the City is the right of all inhabitants, present and future, permanent and temporary, to inhabit, use, occupy, produce, govern and enjoy just, inclusive, safe and sustainable cities, villages and human settlements, defined as commons essential to a full and decent life. You can read more on the Right to the City here: https://www.right2city.org/the-right-to-the-city/

[5]  In this sense, we support the campaign and declaration on the use of local natural materials from the point of view of CO2 reduction among others, produced by HIC member organizations of Latin America. This campaign  urges the visualisation of its benefits and the need to support the initiatives that use them instead of obstructing and criminalizing them.

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